La ofensiva para frenar la causa judicial contra David Sánchez
LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA POR EL MAGISTRADO de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha sacado a la luz un entramado de presiones, seguimientos y maniobras para neutralizar la instrucción penal que cercaba a David Sánchez Pérez-Castejón. Al frente de las pesquisas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma abrió la causa el 30 de mayo de 2024 tras una denuncia inicial. Las actuaciones incluyeron dos registros clave en la Diputación de Badajoz para recabar información sobre las funciones y contratación del hermano del presidente del Gobierno.
A medida que el procedimiento avanzaba, se activó una maquinaria clandestina con el objetivo confeso de torpedear la labor de la instructora. Según los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la fontanera Leire Díez asumió la coordinación operativa de estas maniobras, remitiendo periódicamente los avances al entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Las reuniones se celebraban de forma presencial en un piso situado en la madrileña calle Diego de León, catalogado por los implicados como base de operaciones. Para articular la estrategia, el 23 de agosto de 2024 se constituyó el grupo de mensajería denominado «Vacaciones y Viajes», integrado inicialmente por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente del club de fútbol pacense Joaquín Parra y el exmagistrado expulsado Luis José Sáenz de Tejada.
Contactos con clanes del narcotráfico para intimidar a la instructora
La escalada contra la juez instructora dio un salto cualitativo al buscar apoyos en el hampa local pacense. Conforme a las pesquisas y declaraciones de la UCO, los operadores de la trama intentaron reclutar a miembros de organizaciones delictivas dedicadas a la venta de estupefacientes en Badajoz, concretamente al clan de Los Rochos. Esta familia arrastra un largo historial de violencia y ajustes de cuentas, incluyendo el asesinato a tiros de Jesús G. C., alias «El Tutu», el 29 de febrero de 2024 en el bar Vaquerizo, y la muerte violenta de su suegro, el patriarca Jesús Rocho, acribillado el 30 de diciembre de 2024.
Tras estos crímenes, la jefatura del clan recayó en la matriarca Cintia Rocho, conocida policialmente como «La Celsa». Fue a ella y a otro investigado apodado «El Gitano» a quienes la trama intentó encomendar labores de amedrentamiento y un «sustillo» contra Beatriz Biedma, llegando a manejar datos de sus rutinas personales. Como contrapartida, los emisarios prometieron supuestos tratos de favor e intervenciones ante la Fiscalía. La propia Cintia Rocho y el entorno letrado de los miembros encarcelados admitieron ante la Guardia Civil y en comparecencias públicas estos contactos, señalando que rechazaron ejecutar cualquier acción al percatarse de que el objetivo era una jueza. La conexión quedó respaldada documentalmente por un apunte del 25 de marzo de 2025 hallado en las agendas de Leire Díez: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano».
Hostigamiento, seguimientos a menores y guerra psicológica
La presión sobre Beatriz Biedma no se limitó a las aproximaciones a entornos marginales; incluyó una estricta vigilancia sobre su vida privada y familiar. Los atestados recogen fotografías y seguimientos sobre sus desplazamientos cotidianos en Badajoz, cubriendo sus trayectos desde su vivienda al gimnasio, a las dependencias judiciales y al centro escolar al que acudían sus hijas menores.
De forma paralela, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial tras una condena firme por violencia de género, orquestó una campaña pública de descrédito. A través de su plataforma audiovisual en internet, «Magistrado Anticorrupción TV», emitió cerca de un centenar de grabaciones —con 96 emisiones dirigidas casi en exclusiva contra la magistrada— en las que vertía descalificaciones personales y revelaba datos de su entorno. En intervenciones emitidas en diciembre de 2024 y comienzos de 2025, profirió advertencias directas como «ya sabemos el colegio de los niños», «tenemos preparado un plan A, pero por si acaso tenemos un plan B» y avisos de inminentes represalias tras las resoluciones judiciales que dictaba la magistrada. La ofensiva se extendió también contra otros tres titulares de los juzgados pacenses: Emilio García-Cancho, Samantha Reynolds y Marta Hernández Sánchez.
La ocultación documental en la Fiscalía General del Estado
La vertiente institucional de la causa se complicó tras detectarse contradicciones en las respuestas remitidas a la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, requirió a la Fiscalía General del Estado, bajo el mando de Teresa Peramato, que aportara todas las notas internas, denuncias, borradores y comunicaciones relacionadas con una querella presentada por la asociación Hazte Oír contra Leire Díez y Sáenz de Tejada. El Ministerio Público contestó formalmente el 8 de septiembre asegurando que no existía registro alguno, ni notas ni correos sobre dicho procedimiento en la Secretaría Técnica.
No obstante, la declaración testifical prestada el 10 de septiembre por el fiscal jefe provincial de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, desmintió el informe oficial de Madrid. Alonso Tejuca reveló ante el juez Pedraz que mantuvo intercambios documentales directos con la Secretaría Técnica que encabezaba Diego Villafañe durante la etapa de Álvaro García Ortiz. En concreto, se identificó la remisión de al menos tres documentos clave:
- La remisión formal de la querella pacense a los mandos de Madrid para su valoración por su vinculación directa con el caso del hermano de Pedro Sánchez.
- La contestación de la Secretaría Técnica analizando y cuestionando los tipos delictivos denunciados y fijando que el asunto debía permanecer en Badajoz.
- Un informe fechado el 20 de junio remitido desde la fiscalía territorial a la cúspide ministerial.
Las diligencias judiciales acreditaron además que Diego Villafañe empleaba sistemas con borrado automatizado de mensajes en sus dispositivos desde el 14 de diciembre de 2024, dificultando la trazabilidad de las instrucciones transmitidas.
Pese a los intentos por apartar a la magistrada y forzar su recusación, el 28 de abril de 2025 Beatriz Biedma acordó concluir el sumario y dictó el procesamiento de David Sánchez, quien previamente había formalizado su renuncia al cargo en la corporación provincial el 5 de febrero de 2025. Con el grupo conspirativo formalmente disuelto el 21 de junio de 2025, las actuaciones continúan instruyéndose en sede judicial como una de las mayores causas de acoso a la independencia de la judicatura.
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Redacción. A 5 de octubre de 2026.