La Asamblea de Extremadura aprueba con los votos de PP y Vox pedir al Gobierno apoyo institucional para la jueza que instruyó el caso del hermano de Sánchez. Los socialistas votan en contra mientras se conoce que las «cloacas» también vigilaron a otra jueza de Badajoz y la señalaron junto a su casa, su coche y los colegios de sus hijos.
NO HAY SILENCIO MÁS ELOCUENTE QUE EL DE QUIEN VOTA «NO» Y LUEGO JURA QUE SÍ. El jueves, en la Asamblea de Extremadura, los socialistas extremeños dijeron en voz alta lo que llevaban semanas diciendo callando: que a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, prefieren no darle ningún respaldo institucional que pueda incomodar a Ferraz. Lo hicieron, además, con la fórmula más vieja de la casa: votar en contra y declarar a continuación un apoyo «inequívoco».
La votación: el «no» que no se atreve a decir su nombre
La Asamblea de Extremadura aprobó el 22 de octubre una propuesta del Grupo Popular que pedía al Gobierno de España un pronunciamiento de apoyo institucional a la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Salió adelante con los votos del PP y Vox. PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra.
La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, aseguró que la posición de su partido es «inequívoca» en el apoyo a la jueza y a su familia. Y acto seguido calificó el debate de «impropio», dijo que la iniciativa «ni siquiera debía haber sido calificada por la Cámara» y la tachó de «esperpento». Emplazó al PP a acudir a la Fiscalía si tiene las pruebas que dice conocer.
Conviene detenerse en la lógica: apoyo inequívoco a la jueza, pero rechazo a que el Parlamento pida al Gobierno que la apoye. Se respalda a Biedma siempre que ese respaldo no llegue a ningún sitio donde pueda molestar. Es el apoyo de quien sostiene la escalera mientras otro la serra.
El portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, defendió un apoyo «rotundo, sin fisuras y sin complejos» a la magistrada y a su familia. Acusó al PSOE de «silencio cómplice» y calificó el silencio de la dirección regional de «preocupante y casi delatante». Planteó dos preguntas que siguen sin respuesta: quién dio la orden de «deshacerse» de la jueza y quién conectó a las cloacas con los clanes del narcotráfico de Badajoz. Insistió en que la cuestión «no es de partidos», sino de separación de poderes y de democracia, y cerró con que será la democracia la que acabe con la mafia.
Vox habló de «métodos mafiosos» para perseguir y desacreditar a jueces y fiscales. Unidas por Extremadura, socio habitual del PSOE en estos trances, despachó el asunto con «vergüenza ajena» y acusó al PP de convertir su actividad parlamentaria en un «meme con patas». Cuando una jueza denuncia que temió por su integridad física, la izquierda regional se pone a hablar de memes.
Quién es Biedma y por qué molesta
Beatriz Biedma instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Ha denunciado haber sido objeto de actuaciones para desacreditarla y recabar información sobre ella y su entorno, y ha llegado a decir que temió por su integridad física. Declara ahora en la Audiencia Nacional por lo que se conoce como el «caso cloacas».
Los hechos que se atribuyen a esa trama, según el informe de la UCO incorporado al sumario del juez Santiago Pedraz, son de los que no se olvidan:
- Un documento intervenido, titulado «Estado de situación» y fechado el 16 de enero de 2025, recoge el plan para apartar a Biedma del caso mientras investigaba al hermano del presidente.
- Leire Díez, eje de la trama, quería conocer la dirección y las rutinas de la jueza. Según lo publicado, mantuvo además reuniones y llamadas con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
- Se buscó en Badajoz quien ayudara a atacarla. Se acercaron al clan de Los Rochos y a otros narcotraficantes, que rechazaron la oferta. Un grupo próximo al exjuez Luis José Sáenz de Tejada sí la aceptó. Sáenz de Tejada fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a 33 meses por maltrato psicológico a su expareja y perseguía a Biedma desde 2015, cuando ella instruía el proceso penal contra él.
- Un perfil falso de Facebook, «José García Fernández», contactó con Cintia Rocho, del clan de Los Rochos, para que actuara contra la jueza. El contacto se produjo el 17 de diciembre de 2024, días después de la muerte de su padre. Después, el perfil borró los mensajes y desapareció.
Un detalle que no es un detalle, sino lo que hace todavía más ridícula la postura socialista: los narcos dijeron que no. Los que dijeron que sí fueron un exjuez condenado por maltratar a su pareja y su círculo, varios de ellos con antecedentes por violencia de género o condenas. Esa es la gente con la que, según el informe, la cloaca del PSOE decidió hacer equipo en Badajoz. Y después se extrañan de que la Asamblea quiera pedir un apoyo institucional para la jueza.
No era solo Biedma: la otra jueza de Badajoz
Lo último que se sabe amplía el cuadro y lo empeora. Los informes de la Jefatura Superior de la Policía de Extremadura, a los que ha tenido acceso la prensa, muestran que el hostigamiento se extendió a otra magistrada de Badajoz: Marta Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 4. Hernández estuvo, junto a Biedma, en el punto de mira de al menos uno de los interlocutores a los que habría recurrido Sáenz de Tejada para llegar al clan de la droga pacense y actuar contra lo que consideraba una «mafia» en los juzgados de instrucción de Badajoz. Las cloacas, dicen los agentes, pensaron que tenían cuentas pendientes con dos magistradas.
Hernández denunció a la Policía en septiembre de 2024 la difusión de datos de su «esfera íntima y personal» mediante la captación de imágenes del interior de su domicilio por «algún mecanismo ilícito»: un «dron o cámara oculta». Esos datos se difundían en un grupo de Facebook llamado, con una ironía que ya no hace gracia a nadie, «¿Existe independencia judicial en Badajoz?». Lo que consta en su denuncia y en las capturas incorporadas es esto:
- El 20 de agosto de 2024, dos días después de que ella publicara la portada del libro que leía en la piscina, le escribieron: «Por cierto, horterilla, las lentejuelas no se llevan», en alusión a su bikini. Sabían hasta lo que leía.
- Publicaron imágenes de su domicilio en Almendralejo, donde vive con su familia, «con coordenadas de localización incluidas», fotos aéreas y a pie de calle de la casa, de su coche aparcado en la puerta y del de su esposo, estacionado en la oficina donde trabaja. Añadieron una enumeración de sus propiedades y alusiones a los colegios y a la residencia universitaria donde estudian sus hijos.
- Insinuaron que lleva «un nivel de vida que no se corresponde con su nivel de ingresos» y la acusaron de haber ingresado 400.000 euros en la cuenta de su suegro fallecido.
- Entre los comentarios, los hubo de este tenor: «En Almendralejo hay un montón de rumanos y como se enteren que en ese chalet tienen un montón de manteca en B… o en el de los familiares…». Y otro: «¿Por qué el marido mira tanto a las mujeres y a las niñas? ¿No le gustará lo que tiene en casa?». A ella la llamaban «Martita» y «Doña Ratas». «¿Cómo creéis que van a reaccionar los familiares? ¿Creéis que se van a quedar inmóviles?», remataban.
- Un matrimonio vecino de su urbanización, condenado en diciembre de 2023 por daños y coacciones contra ella (sentencia confirmada por la Audiencia Provincial en julio de 2024), y un cuñado de ellos, aparecen como los únicos que, según la magistrada, podrían haber tenido acceso al interior de su vivienda. Entre otras cosas, había denunciado que le lanzaron ratas muertas a su propiedad.
- El perfil falso de «José García Fernández», que la Policía identificó, aparece también en este caso. Otro perfil, «Marga Pérez», sería, según la Policía, una abogada que intentó sin éxito personarse en el «caso cloacas» de la Audiencia Nacional al lado de otro letrado.
- Hernández tuvo que reforzar la seguridad de su casa con cámaras de videovigilancia en todo el perímetro. Una jueza española, instruyendo en Extremadura, blindando su casa porque un grupo de Facebook publicaba dónde vive, qué coche tiene y en qué colegio estudian sus hijos.
Marta Hernández es, además, la jueza que asumió la investigación por la muerte a tiros de Jesús G. C., «Tutu», en febrero de 2024. Diez meses después fue asesinado su padre, causa que instruye precisamente Biedma. Las dos juezas que llevaban los casos más delicados de la ciudad eran las dos señaladas. Al lado de ese cuadro, el «esperpento» de la portavoz socialista suena a otra cosa.
Pedraz, Ferraz y los 188.000 euros
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, instruye el «caso Leire» por organización criminal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros delitos, contra Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver. Según su auto, la trama se montó para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban a Begoña Gómez y al entorno del Gobierno. Es decir, para ir contra jueces.
Y el auto no se queda en los nombres de la trama: dice que Cerdán «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido», con su personal, sus dependencias y su logística. Cifra en al menos 188.000 euros los pagos a la trama con cargo a las cuentas del PSOE. Recoge 4.000 euros mensuales para Leire Díez y 22 reuniones con Cerdán en Ferraz. La UCO entró en la sede federal el 27 de mayo y estuvo unas doce horas.
El PP ha pedido que el propio PSOE sea citado como investigado, por financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y malversación. Pedraz lo ha aplazado «en este momento» hasta escuchar a Cerdán y ha pedido informe a la Fiscalía Anticorrupción. Ya se había publicado que se planteaba la imputación del partido por organización criminal, y la UCO había pedido su programa de cumplimiento normativo, paso previo habitual.
Mientras tanto, el partido se resiste. Pidió más tiempo para entregar los contratos con sus abogados y alegó secreto profesional. Un partido que se defiende con tanto celo de un juez, ¿cómo va a pedir que se respalde a otra?
Y de ahí que el voto extremeño no sea un incidente parlamentario sino un síntoma: el PSOE de aquí no puede votar a favor de la jueza porque votar a favor de la jueza es votar contra el relato de su propio partido. Fango hasta arriba, sí, pero sin dejar de repetir que lo suyo es el apoyo inequívoco.
El hermano, el hombre al que nadie recuerda
Todo esto empezó por algo que el ruido de las cloacas ha ido tapando: el caso del hermano del presidente. Se recuerda la creación de la plaza en la Diputación de Badajoz a la medida de David Sánchez, y se recuerda poco más. Se ha olvidado, por ejemplo, que el hombre no pagaba impuestos: Hacienda le facilitó un documento para justificar que no tributara, un documento que, según cuenta quien lo ha seguido de cerca, nadie se atrevió a firmar. Un papel que justifica no pagar y que nadie firma es la mejor definición de cómo funcionan las cosas cuando el apellido pesa.
Esa es la causa que instruyó Biedma. Y esa es la razón por la que, según el informe de la UCO, hubo quien consideró necesario apartarla.
Tres preguntas sin respuesta
El PP las ha hecho en la Asamblea y el PSOE ha respondido con un «esperpento». Merecen una respuesta mejor que esa:
- ¿Quién dio la orden de «deshacerse» de la jueza Biedma?
- ¿Quién conectó a la cloaca con el entorno de Badajoz: un exjuez condenado por maltrato, grupos de Facebook y el clan de Los Rochos?
- ¿Por qué un partido que dice apoyar «de forma inequívoca» a dos juezas amenazadas, vigiladas y señaladas no es capaz de votar una línea en la Asamblea que se lo pida al Gobierno?
Al PSOE extremeño le quedaba un gesto barato: votar «sí» a una propuesta que no lo comprometía a nada. Prefirió el «no». Quien vota en contra de apoyar a una jueza amenazada, con las pruebas de su acoso sobre la mesa, elige de qué lado quiere estar cuando se hable de quién la amenazó. Y lo ha elegido. Que luego no jure que no estaba.
Redacción. A 23 de octubre de 2026.
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