La Fiscalía Anticorrupción aprecia «solventes indicios» de que la trama actuó contra la magistrada que instruía el caso del hermano del presidente del Gobierno
EL MISMO DÍA EN QUE la jueza Beatriz Biedma imputó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, por su contrato en la Diputación de Badajoz, la Fiscalía territorial de Extremadura recibió una denuncia contra ella. Era el 27 de noviembre de 2024 y se trataba de la segunda que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada presentaba contra la instructora desde que abrió diligencias. Hasta aquí, una casualidad de calendario. Lo que viene después es lo que la Fiscalía Anticorrupción describe ahora como algo mucho más serio.
Un escrito que abre la puerta a la jueza
El escrito, firmado por las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, se redactó a petición del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional. Pedraz lo pidió después de que Biedma solicitara personarse como afectada en la causa de «las cloacas del PSOE». Ese informe ha servido de base para admitir su personación, de momento solo por un delito de calumnias.
Según las fiscales, existieron maniobras para bloquear la investigación: denuncias contra la jueza, imputaciones capaces de dañar su honor, búsquedas de información potencialmente perjudicial y actuaciones dirigidas a promover su recusación. Anticorrupción concluye que hay «solventes indicios» de cloacas directamente relacionadas con la función judicial de Biedma.
Dos denuncias y una fontanera
La Fiscalía destaca dos denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado «siguiendo las indicaciones de Leire». La primera fue archivada de plano. Cuando Sáenz de Tejada comunicó ese desenlace a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, se formuló una segunda denuncia: la del día de la imputación.
Anticorrupción añade un dato más: Díez había dado «personal traslado» de la primera denuncia al entonces secretario de organización del partido, Santos Cerdán, el 17 de septiembre de 2024.
La segunda denuncia también acabó archivada. Ese desenlace impide, según las fiscales, perseguir un delito de denuncia falsa, porque no se cumplen los requisitos procesales. Sí sostienen que las imputaciones contra Biedma pueden constituir un delito de calumnias, que «concurre en el presente supuesto». El escrito atribuye su origen directamente a la fontanera: la calumnia habría sido cometida «a impulso de Leire Díez, en íntima relación con su posición de instructora del procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno».
La UCO identifica a Sáenz de Tejada como una de las cuatro personas que integraron la trama. Antes de las denuncias había intentado personarse en la causa del contrato de David Sánchez. Al ser rechazado, lo intentó su hermana. El objetivo era lograr la recusación de Biedma y apartarla de la investigación. Aquel contrato acabó juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz, con una sentencia condenatoria con penas de inhabilitación para el hermano del presidente y los otros diez imputados.
Lo que Pedraz no ve (todavía)
El juez descarta de momento otros delitos que apuntaba la jueza en su solicitud: obstrucción a la justicia, descubrimiento y revelación de secretos, organización criminal, amenazas, coacciones y delitos contra la integridad moral. Biedma ya ha alegado en contra y ha aportado más documentación en dos aspectos. Pedraz ha anticipado que los retomará si aparecen indicios durante la investigación.
El primero es incorporar y analizar el canal de YouTube de Sáenz de Tejada. En él, la jueza advierte una campaña contra ella durante los meses en que funcionó un canal de WhatsApp que la UCO identifica como vía de comunicación de la trama. Ha remitido 95 vídeos con su minutaje y la grabación de una rueda de prensa en la que denunció una supuesta corrupción judicial en la ciudad.
Esa comparecencia la hizo Sáenz de Tejada junto a Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, recién condenado a otros diez años de prisión por blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental. Fue Parra quien presentó a Leire Díez. Según su testimonio ante la UCO y ante Pedraz, ella le prometió ayudarle con sus problemas con la justicia si le facilitaba información sobre la jueza.
El segundo asunto, también descartado de inicio, es la conexión de las cloacas con el narcotráfico de Badajoz. Biedma ha aportado información que pudo conocer al instruir el asesinato a tiros de Jesús Rocho, en diciembre de 2024. No hace referencia en sus alegaciones a la comparecencia televisiva de la hija de este, Cinthia Rocho. Hace unos días, la hija desveló que contactaron con ella para que acudiera al domicilio de la jueza con el fin de desestabilizarla y lograr que se apartara del caso del contrato de David Sánchez. La UCO se ha desplazado a Badajoz para tomarle declaración.
Figuraciones
LA PERSECUCIÓN JUDICIAL, COMO LA ENVIDIA, siempre la padece el otro. Durante meses el relato fue que la jueza de Badajoz era una pieza de una maquinaria que quería hundir al hermano del presidente. Hoy son las fiscales de Anticorrupción las que escriben que quien sufrió las maniobras fue ella. La instructora, hasta ayer sospechosa de parcialidad, resulta ser la damnificada de una trama con una fontanera, un canal de mensajería y una denuncia con «personal traslado» al número tres del partido en el Gobierno.
Nada de esto es sentencia, y a nadie se le ha condenado por ello: así lo exige la prudencia y así debe decirse. Pero cuesta no reparar en el orden de los factores. La imputación y la denuncia en la misma fecha no parecen hoja de calendario, sino sincronía de reloj de cocina. Y cuesta no reparar en que, si lo que describe la Fiscalía se confirma, el aparato que predicaba la defensa de las instituciones frente al «fango» habría fabricado su propio fango, con denuncias a la carta para apartar a una jueza que cumplía con su trabajo.
Un partido que presume de no tocar la Justicia tiene ahora que explicar cómo una denuncia contra una magistrada llegó a su secretario de organización antes de que nadie la archivara. Explicarlo es lo mínimo. Callar, y esperar a que se apague el ruido, sería una forma de respuesta, pero no la más decente.
Redacción. A 20 de octubre de 2026.
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