ONCE CONDENADOS, UN RECURSO DE 93 FOLIOS Y UNA MAGISTRADA SEÑALADA EN LAS REDES: así resume mejor que ningún titular el estado actual de la causa que ha convertido a la Diputación Provincial de Badajoz en el epicentro de una batalla judicial, política y digital sin precedentes en la provincia. Lo que empezó siendo la creación de una plaza pública a medida ha terminado derivando en un pulso entre la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, el recurso presentado por el Ministerio Público para tumbarla entera y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas maniobras para desacreditar a la instructora del caso.
El laberinto judicial y político en torno a la Diputación de Badajoz
La Audiencia Provincial dictó el pasado 14 de julio una condena por un delito continuado de prevaricación administrativa contra once personas, por la creación de un puesto de coordinador de conservatorios diseñado, según el tribunal, a la medida de un único candidato. David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y conocido artísticamente como David Azagra, fue condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario del delito, tras quedar absuelto del tráfico de influencias. Junto a él cayeron otros nueve cargos y empleados provinciales con idéntica pena de nueve años, entre ellos Luis María Carrero, exasesor de Moncloa. La condena más severa, sin embargo, recayó sobre el expresidente de la corporación y exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, a quien el tribunal consideró autor —no solo cooperador— de dos delitos de prevaricación, con 18 años de inhabilitación.
El fallo, lejos de cerrar el asunto, ha abierto una segunda fase marcada por un exhaustivo recurso de apelación de la Fiscalía y por las revelaciones policiales sobre el acoso sufrido por la jueza instructora, Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz.
El recurso de la Fiscalía: una condena construida, dice, sobre «datos periféricos»
En un escrito de 93 folios, la fiscal Begoña García ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la revocación íntegra de la sentencia y la absolución de los once condenados. El Ministerio Público sostiene que la Sala vulneró la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal al construir su convicción a partir de expectativas de trabajadores, comentarios de pasillo y, en palabras del propio recurso, «datos periféricos» sin respaldo probatorio suficiente. La Fiscalía subraya, además, que el mismo tribunal que ahora condena por prevaricación ya absolvió a todos los acusados de tráfico de influencias al no acreditarse presión alguna sobre los responsables provinciales, lo que a su juicio resulta contradictorio con dar por probada una confabulación previa.
- Nadie sabe quién lo propuso: la propia sentencia reconoce que no quedó determinado si fue el propio músico o alguien de su entorno quien impulsó la contratación.
- Desconocimiento previo: no hay indicio de que Gallardo, la entonces diputada de Cultura Cristina Núñez o la directora de área Elisa Moriano supieran de antemano quién era el candidato ni su parentesco.
- Méritos descartados sin más: el tribunal habría pasado por alto la formación acreditada del candidato —un máster en Milán y experiencia como director de orquesta en Toulouse.
- Sin resolución concreta señalada: el recurso reprocha que no se identifique qué trámite exacto constituyó una infracción manifiesta del artículo 404 del Código Penal, en lugar de limitarse a cuestionar decisiones administrativas discutibles.
Las investigaciones de la UCO: una red digital contra la jueza instructora
Mientras se tramita el recurso, los atestados de la UCO incorporados al juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz describen un entramado de perfiles y canales en redes sociales dedicado a desgastar públicamente a la jueza Biedma y a otros responsables judiciales y fiscales de Badajoz. Los investigadores señalan especialmente a foros como El Club de Debates Urbanos de Badajoz, con más de 14.000 miembros, cuyos integrantes acumulan denuncias por presunto grupo criminal, calumnias, injurias y denuncias falsas, promovidas por el propio Ministerio Público a raíz de querellas de funcionarios, empresas y particulares.
El expresidente de un club de fútbol local, Joaquín Parra, declaró ante los agentes que algunos de estos grupos funcionaban como altavoces de rumores orquestados, con colaboradores que prestaban apoyo jurídico y logístico a la operación. Entre los episodios recogidos en la instrucción figuran:
- Canales de difamación digital que publicaban críticas a resoluciones judiciales acompañadas de fotografías y datos personales de jueces y fiscales.
- Maniobras de acoso directo: la denuncia de Cinthia Rocho, que aportó mensajes en los que, según su testimonio, se le habría propuesto actuar contra la jueza Biedma, incluidas amenazas orientadas a apartarla de la instrucción.
- Contenido audiovisual sistemático en canales dedicados, con decenas de vídeos centrados en desacreditar la labor instructora y el procedimiento contra los responsables provinciales.
El trasfondo que ningún recurso borra
Conviene no perder de vista el terreno sobre el que se libra esta batalla de recursos. Dos de los condenados, el entonces diputado de Cultura Ricardo Cabezas y el director del área Manuel Candalija, continuaron trabajando en la Diputación tras conocerse la sentencia, a la espera de que se resuelvan las apelaciones; la inhabilitación, mientras no sea firme, no les aparta del cargo. La acusación reclamó además la devolución de los salarios cobrados por David Sánchez desde su llegada a la institución en 2017, un reintegro cuyo estado real sigue sin despejarse públicamente mientras el recurso avanza.
Que la Fiscalía dedique 93 folios a intentar tumbar una condena por una plaza hecha a medida para el hermano del presidente del Gobierno dice, como mínimo, tanto del caso como de quién lo revisa. Y que, en paralelo, aparezca documentada por la propia UCO una red digital movilizada para desgastar a la jueza que instruyó ese mismo expediente añade una segunda capa incómoda: la de un entorno político e institucional que, ante una sentencia adversa, no solo recurre en los tribunales, sino que también parece disputarse el relato en foros y canales de información dudosa. Ninguna de las dos cosas prueba la culpabilidad o la inocencia de nadie —eso corresponde decidirlo al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura—, pero ambas, juntas, retratan una provincia donde la sospecha sobre la gestión pública socialista en la Diputación lleva ya demasiados años acumulando capítulos para despacharla como un episodio aislado.
Redacción. A 10 de octubre de 2026.