junio 1, 2026

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Los 42 testigos del juicio al hermano de Sánchez en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz se prepara para albergar uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos en la región. Del 1 al 3 de junio, un total de 42 personas desfilarán por los juzgados para prestar declaración en el marco del conocido como ‘Caso Azagra’. El objetivo del tribunal es determinar si la Diputación de Badajoz, bajo la presidencia de Miguel Ángel Gallardo, amañó en el año 2017 el puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios para beneficiar de forma directa a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.

El caso no solo salpica a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo, sino que un total de once personas se enfrentan a graves penas de cárcel, inhabilitación para el ejercicio de cargo público y severas multas. De la lista global de llamados a declarar, 17 testigos ya pasaron por la fase de instrucción previa, mientras que otros 25 comparecerán por primera vez ante el tribunal, destacando entre ellos una docena de trabajadores públicos y una amplia representación de las fuerzas de seguridad.

1 de junio: Los 15 testigos clave de la fase de instrucción

La primera jornada del juicio estará marcada por la intensidad, con la citación de 15 personas cuyas declaraciones iniciales ante la jueza de instrucción, Beatriz Biedma, resultaron determinantes para elevar la causa a juicio.

  • Evaristo Valentí López: Director del Conservatorio Superior Bonifacio Gil en 2017. En su momento, reconoció ante la instructora que el nombre de David Sánchez ya sonaba con fuerza en los pasillos de la institución antes de que se adjudicara formalmente la plaza, calificándolo como el candidato «más llamativo».
  • María del Rosario Mayoral Núñez: Relevó a Evaristo Valentí en la dirección del centro, cargo que ostentó hasta junio de 2025 cuando dimitió a petición propia. Según sus declaraciones previas, durante su mandato la vinculación y presencia de David Sánchez en el conservatorio fue visiblemente menor.
  • Yolanda Sánchez Baltasar: Directora del Conservatorio Profesional Juan Vázquez desde el año 2010 hasta la actualidad. Los correos electrónicos cruzados con Evaristo Valentí en 2017 desvelaron que ambos directores tenían conocimiento de que la plaza sería adjudicada al hermano del presidente con anterioridad al proceso oficial. Además, ambos ratificaron que los conservatorios nunca solicitaron la creación de dicho puesto de coordinación.
  • Nerses Avaktmyam Gasparov: Profesor de violín que compitió de forma directa por la plaza en 2017. Declaró que únicamente se le realizó una entrevista de 15 minutos, a pesar de ser la prueba decisiva que decantó la balanza en favor de David Sánchez Pérez-Castejón, y denunció que nunca se le permitió ver las notas del resto de aspirantes.
  • José Luis Albarrán Babiano: Técnico de asesoramiento jurídico de Recursos Humanos en 2017, quien alegó que por las condiciones de alta dirección del contrato, el acusado quedaba exento de someterse a la unidad de inspección habitual.
  • José Ramón Suárez Arias: Jefe de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, jubilado en 2025, quien defendió en la instrucción que no observó irregularidades administrativas en el proceso.
  • Julián Expósito Talavera: Director del área de Presidencia y Relaciones Institucionales entre 2017 y 2025, considerado la mano derecha de Miguel Ángel Gallardo. Justificó la reconversión del puesto del acusado en 2022 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin concurso público como un mero «reconocimiento laboral».
  • Francisco Serrano Murillo: Exdelegado sindical de CSIF hasta diciembre de 2023, quien ya en la mesa de negociación de 2016 planteó «serias dudas» sobre la necesidad del puesto y recordó que en la Diputación ficha todo el personal a excepción de los cargos políticos.
  • José María Cumbres Jiménez y Enrique Pedrero Balas: Actuando como testigos-peritos en su calidad de antiguo (2016-2021) y actual secretario general de la Diputación de Badajoz, respectivamente.
  • Ignacio María Sánchez Rubio: Propietario de una vivienda en Badajoz ofertada en Airbnb, quien recibió consultas de David Sánchez a través de la plataforma el día previo a la entrevista de trabajo definitiva.
  • Álvaro Jaén: Portavoz de Podemos en la Asamblea de Extremadura en 2017 y el primer cargo político en denunciar públicamente la adjudicación del puesto.
  • María Encarnación Cabezas Martín, Emilio Hurtado Valiño y Clara Isabel Santos Diéguez: Altos cargos de la Inspección Regional y la Delegación Especial de la AEAT en Extremadura. Fueron citados a petición de la acusación popular tras la polémica generada por no haber firmado en primera instancia el informe sobre el patrimonio y la tributación del acusado en Portugal, un documento que inicialmente no apreciaba el enriquecimiento ilícito denunciado por Manos Limpias ni la UCO.

2 de junio: Candidatos descartados y la estrategia política

La segunda sesión del juicio se centrará en desgranar el funcionamiento interno de la Diputación y las supuestas motivaciones políticas detrás del nombramiento.

  • Cristina de Frutos Alonso: Directora de orquesta que optó a la plaza en 2017 y que señaló directamente a Antonio Luis Suárez como la persona que le confesó de antemano que el puesto ya estaba asignado.
  • Ángel Carlos Díaz Mancha: Interventor actual de la institución provincial, citado como testigo-perito.
  • Ángel Seco López: Técnico superior de formación referenciado por el propio David Sánchez como uno de sus colaboradores estrechos, cuya documentación de contratación también fue analizada por sospechas de trato de favor.
  • Víctor Peralta Jiménez: Actual director del área de Tecnología y Digitalización, responsable de coordinar con la UCO las descargas de los servidores de correo electrónico institucionales.
  • Estrella Gordillo: Veterana dirigente socialista citada estratégicamente por la defensa de Miguel Ángel Gallardo. Su testimonio busca certificar que el expresidente provincial no apoyaba a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017 (alineándose con Susana Díaz), descartando así una afinidad política que le impulsara a beneficiar a su hermano.
  • José María Sánchez: Alcalde de La Coronada y vicesecretario general del PSOE provincial, propuesto por Luis Carrero (uno de los 11 imputados que se refería al acusado como ‘hermanito’ en canales internos).
  • Inmaculada Cordón Rosado, María Luisa del Viejo López, Alejandro Vázquez Rafael y Santiago Cuadrado: Personal técnico y jefes de sección vinculados a las áreas de Cultura, Deportes, Juventud y Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz.
  • Francisco Flores Galván, María Jesús Bernáldez Adame, Inmaculada López Bueno y Cristina Correa Cruz: Funcionarios de alto rango propuestos por Juana Cintas Calderón Zazo (primera teniente de alcalde de Badajoz y exdirectora de Recursos Humanos entre 2016 y 2023), enfocados en detallar el funcionamiento del aplicativo de control horario y las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ejercicio 2023.
  • Ramón Díaz Farias: Vicepresidente tercero actual de la Diputación y diputado de Recursos Humanos, propuesto también por la defensa de Luis Carrero.

3 de junio: El peso de las pruebas tecnológicas y testificales de la UCO

La jornada de cierre estará destinada a los vínculos personales y, fundamentalmente, a la ratificación de las pruebas periciales que sostienen gran parte de la acusación.

  • Juan Francisco Durán Muñoz: Letrado jubilado de la Diputación de Badajoz.
  • Miguel Ayuso Quevedo y María Martínez Candela: Amigos personales citados para testificar sobre la verdadera naturaleza de la relación y el grado de confianza entre Luis Carrero y David Sánchez.
  • Agentes de la Guardia Civil (del 34 al 42): Un grupo de nueve agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que intervinieron de forma directa en el volcado y custodia de las cuentas de correo electrónico corporativas bajo orden judicial. Sus testimonios serán cruciales para validar los tres informes técnicos elaborados a partir de más de 3.000 mensajes de correo electrónico, los cuales constituyen el núcleo de la fase de instrucción penal que dirige la justicia extremeña.

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