Moncloa se ha dado prisa. Según reveló ABC, el Gobierno ha trasladado ya «de viva voz, sin un documento físico de por medio» a Junts y a ERC su disposición a revocar el calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas, Ascó y Vandellós incluidas. El gesto llega apenas unos días después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diera, el pasado 16 de julio, su informe favorable a la continuidad de la central cacereña de Almaraz.
La lógica del Ejecutivo, según fuentes de su entorno, es que el aval técnico a los reactores extremeños —los primeros del calendario oficial de cierre— «conllevará de forma más que probable» idéntica decisión para el resto de centrales del país, siempre que también reciban luz verde del organismo regulador. Las siguientes en la lista para desenchufarse eran las catalanas: Ascó I en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II en 2035. Entre las tres cubren el 60% de la demanda eléctrica de Cataluña, frente al 20% que aportan al conjunto nacional las otras cinco centrales españolas.
Para Almaraz, sin embargo, el trámite sigue abierto. El Ministerio que dirige Sara Aagesen dispone de un plazo de dos meses desde la recepción del informe del CSN —hasta mediados de septiembre— para emitir la orden ministerial que conceda o deniegue la prórroga. Si no lo hace en ese plazo, la solicitud decae y se da por nula. Los tres criterios que se evalúan son la seguridad nuclear, ya acreditada según el propio CSN en el caso extremeño; que la ampliación no encarezca la factura a los consumidores; y que no sature la red ni frene la entrada de renovables prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
El giro de guion tiene fecha: el apagón del 29 de abril de 2025. Junts y ERC, que hasta entonces defendían en sus programas electorales el cierre nuclear, empezaron desde ese día a suavizar su postura. La confirmación llegó el 17 de junio de aquel año, cuando el Congreso aceptó tramitar la proposición de ley del PP para prolongar la vida de las centrales, gracias al apoyo de Vox y, contra todo pronóstico para Sánchez, a la abstención de los dos partidos independentistas.
También el PSOE extremeño ha hecho valer su influencia: ha trasladado a Sánchez la conveniencia de extender la actividad de Almaraz, consciente de los miles de empleos directos e indirectos que dependen de la central en la comarca. Pero una cosa es que la sugerencia se traslade puertas adentro y otra muy distinta que se traduzca en un compromiso verbal explícito como el que ya han recibido, sin esperar siquiera al informe completo de sus propias plantas, Junts y ERC.
ENTIERRA UNO SUS PROMESAS COMO ENTIERRA A LOS MUERTOS: con solemnidad, dolientes de encargo y la esperanza de que nadie pida ver el cadáver. El programa con el que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018 incluía el cierre escalonado de las nucleares como bandera medioambiental. Ese programa, a estas alturas, es difunto. Lo raro no es que haya muerto —los programas electorales rara vez sobreviven a la aritmética del Congreso— sino que a nadie en el Gobierno se le haya visto llorarlo, y sí en cambio ataviarlo con sonrisa de Catrina para pasearlo por Cataluña: Sánchez ha ido, dicen sus propias fuentes, «de viva voz, sin un documento físico de por medio», a prometer a Puigdemont y a Junqueras que Ascó y Vandellós tienen la vida asegurada.
De Almaraz, que fue la primera en hacer los deberes y la primera en recibir el aval del regulador, no se ha dicho ni media palabra pública en ese mismo tono. Los extremeños llevamos meses —años, si se cuenta desde que el calendario de cierre empezó a discutirse— esperando un sí o un no que a los catalanes, en cambio, ya se les ha susurrado al oído sin necesidad siquiera de tener resuelto el trámite técnico de sus propias centrales. La explicación no es ningún misterio: ni Almaraz ni Extremadura sostienen la investidura de nadie. No hay aquí diputado cuyo voto haga tambalearse un presupuesto, ni escaño que condicione una legislatura. Se nos da lo que sobra, cuando sobra, y solo después de que Moncloa haya calmado a quien sí puede hacerle perder una votación.
Que la vida útil de una central nuclear se decida por gratitud parlamentaria y no por el calendario del regulador es, cuando menos, una forma curiosa de entender la política energética de un país. Que a los extremeños se nos deje «entre la espada y la pared» —con el aval técnico durmiendo en un cajón desde julio y ninguna palabra política que lo acompañe— mientras Cataluña recibe garantías verbales adelantadas a cualquier trámite, es sencillamente una vergüenza que a estas alturas no debería sorprender a nadie que conozca la relación de este Gobierno con Extremadura: la región no vota lo bastante para el Congreso, así que espera; la región no amenaza con romper nada, así que puede esperar un poco más. La Catrina, mientras tanto, sigue bailando, elegante, sin que se le note el disgusto de enterrar su propio proyecto con tal de seguir un día más en el poder.
Redacción. A 12 de agosto de 2026.
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