LOS CALENDARIOS SE FIRMAN PARA PARECER SERIOS Y SE ROMPEN PARA SEGUIR GOBERNANDO. Esa es, resumida, la historia de la central nuclear de Almaraz, que llevaba años en la agenda oficial con fecha de defunción —el 1 de noviembre de 2027 para su primera unidad, el 31 de octubre de 2028 para la segunda— y que, de pronto, sigue viva hasta el 8 de junio de 2030. El aplazamiento no llegó con solemnidad de Consejo de Ministros ni con la rueda de prensa que suele acompañar a los grandes anuncios energéticos: se comunicó, según recogió la prensa, un viernes de agosto, en vísperas de puente, el momento del año en que España entera mira hacia otro lado.
La prórroga llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera, el pasado 16 de julio, un informe favorable a mantener en marcha las dos unidades de la planta cacereña. El Gobierno la asumió y firmó, sin que le temblara el pulso, el aplazamiento de una medida que había llevado como bandera identitaria durante más de un lustro. El calendario original no lo improvisó cualquiera: lo firmó en 2019 la entonces ministra Teresa Ribera, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en un acuerdo con las eléctricas y con Enresa que fijaba el cierre escalonado de todo el parque nuclear español hasta 2035. Ribera, hoy vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, defiende en Bruselas la construcción de nuevos reactores nucleares en el continente como pieza necesaria de la seguridad energética europea. Conviene dejar que sea ella misma quien mida la distancia entre lo que firmó en Madrid y lo que sostiene ahora en Bruselas.
Detrás del cambio de rumbo hay una aritmética que no admite matices ideológicos. Sustituir los cerca de 15 teravatios hora anuales que produce Almaraz exigiría instalar entre 8 y 10 gigavatios de potencia fotovoltaica adicional, y esa potencia solo trabaja cuando hay sol, mientras que el uranio no pide turno. Pedro Sánchez llegó a asegurar en el Congreso que en España no existe uranio, afirmación que los datos geológicos desmienten y que se sostiene mal viniendo de quien, desde el Gobierno, prohibió su extracción. Y la promesa de que la prórroga «no tendrá coste alguno» la formula el mismo Ejecutivo que durante años sostuvo justamente lo contrario.
Mientras Madrid aplaza, Mérida regala
Si el Gobierno central ha resuelto su incomodidad con Almaraz aplazando el cierre en silencio, el Gobierno regional ha resuelto la suya por la vía de renunciar a cobrar por la central que sigue en marcha. La Junta de Extremadura, sostenida por el acuerdo de legislatura entre PP y Vox, eliminará antes de que termine el mandato la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en Almaraz: una rebaja del 30% anual a partir de 2027 hasta su extinción completa. Hacienda regional cifra en 82 millones de euros lo recaudado en 2025 por esa «actividad de producción de origen termonuclear». Con esa base, la minoración rondará los 25 millones en 2027, se acercará a los 50 en 2028 y llegará a unos 74 en 2029: un impacto que supera los 147 millones de euros en solo tres ejercicios. En el último año de vida útil de la central —a día de hoy, junio de 2030, mientras la prórroga aprobada en Madrid siga en pie— las propietarias de la planta ya no pagarán nada por este concepto.
El giro no fue automático. La presidenta María Guardiola se negó en un primer momento a eliminar la ecotasa, a diferencia de lo que hizo su entonces homólogo Carlos Mazón con la central valenciana de Cofrentes: la posición inicial de Mérida era plantear una minoración solo si el Gobierno central hacía lo propio con sus propios impuestos. La insistencia de Vox acabó torciendo esa cautela. Guardiola anunció el cambio de rumbo en octubre de 2025, apenas dos semanas antes de convocar las elecciones autonómicas, hablando entonces de una rebaja de unos 90 millones sin llegar a la eliminación total. Lo que finalmente se ha firmado es bastante más generoso que aquel anuncio preelectoral: la extinción completa del gravamen, no una simple rebaja.
No todas las fuentes coinciden en el tamaño del regalo. Desde el sector nuclear se apunta que la ecotasa propiamente dicha ronda entre 55 y 60 millones anuales —el resto de los 82 millones de 2025 correspondería a otros impuestos, como el IBI industrial, que no está en juego—, lo que rebajaría el impacto real de la medida a unos 90 millones entre 2027 y 2029, no a los 147 que maneja la Junta. Discrepancia de cifras aparte, el sentido de la decisión no cambia: la Administración autonómica va a ingresar bastante menos por una central que sigue produciendo electricidad al mismo ritmo, y el 50% de lo que sí recaude hasta 2029 se destinará a un fondo para el área de influencia de la planta, no al conjunto de la región que también asume el riesgo de tener una nuclear dentro de sus fronteras.
La pregunta que no hacen ni en Madrid ni en Mérida
Cabe preguntarse por qué, exactamente, le compensa a Extremadura renunciar a gravar la energía que produce dentro de su propio territorio. Almaraz genera electricidad que no se consume en Almaraz: se vierte a la red nacional y alimenta, en buena medida, a comunidades que ni asumen el riesgo de convivir con una central nuclear ni participan de sus servidumbres. Que la región que pone el reactor sea también la que renuncia a cobrar por ello no es un detalle menor cuando, al mismo tiempo, el discurso habitual sobre el reparto de recursos entre territorios sitúa a Extremadura del lado de quien siempre tiene que esperar.
Porque el fenómeno no es exclusivo de la energía. El Impuesto de Sociedades y buena parte del IVA de las grandes empresas se liquidan, por diseño del sistema, en el domicilio fiscal o el centro de gestión efectiva de cada compañía, que en la práctica suele estar en Madrid o Cataluña, aunque la venta, el consumo o la actividad que genera ese impuesto haya ocurrido en Extremadura. La región compra, consume y ahora también produce energía a gran escala; sin embargo, buena parte de la fiscalidad que genera esa actividad tributa, se gestiona o se decide en otro lugar. Es la misma lógica, aplicada a dos frentes distintos: el fiscal y el energético. Una balanza fiscal que rara vez sale a cuenta y una balanza energética que ahora, además, se vacía de contenido tributario en el único punto donde Extremadura sí tenía margen de maniobra propio, su Hacienda autonómica.
Y mientras tanto, el sistema general de financiación autonómica —el marco que debería resolver precisamente estos desequilibrios entre lo que cada territorio aporta y lo que recibe— lleva más de una década caducado. Nacido en 2009 con revisión prevista para 2014, su reforma se ha ido posponiendo año tras año, entre comunidades que reclaman menos solidaridad interterritorial y comunidades, como Extremadura, que llevan ese mismo tiempo esperando un modelo que no dependa de la buena voluntad coyuntural de turno. Resulta cuando menos llamativo que, mientras ese debate de fondo sigue empantanado ejercicio tras ejercicio, la única decisión que sí se ha tomado con celeridad y sin necesidad de pacto nacional alguno sea la de renunciar a un ingreso propio, cierto y ya recaudado.
Gobernar por pura circunstancia y presentarlo después como estrategia de Estado es, a estas alturas, casi una firma de estilo. En Madrid se aplaza lo que no conviene cerrar; en Mérida se regala lo que sí se podría cobrar. Entre ambas orillas, la central sigue produciendo la misma electricidad de siempre, solo que cada vez con menos beneficio directo para quien la tiene en su patio trasero.
Redacción. A 18 de agosto de 2026.