AGOSTO ES EL MES EN QUE ESPAÑA MIRA HACIA OTRO LADO, y algunos lo saben mejor que nadie. Mientras medio país está en la playa y el otro medio persigue la sombra de un ventilador, el hermano del presidente del Gobierno ha elegido este agosto para pedirle a la Audiencia Provincial de Badajoz un favor de última hora: que le borre de la sentencia del juicio el párrafo que más le incomoda. No el fallo, no la condena, no los nueve años de inhabilitación — solo la frase donde consta, negro sobre blanco, que sabía de antemano que aquella plaza de coordinador de actividades de los conservatorios se había fabricado a su medida, que se presentó al proceso selectivo igualmente, y que hizo la entrevista únicamente para «simular la legalidad formal del procedimiento». Quitar esa frase no es corregir un error material, como exige la ley para estas aclaraciones de sentencia; es, en palabras de Hazte Oír, que se ha opuesto a la maniobra, «mutilar la motivación» del fallo.
La sentencia, dictada por unanimidad el 14 de julio, no es una entelequia ni una opinión de columnista: condenó a once personas por la creación, entre el 10 y el 11 de octubre de 2016, de un puesto en la Diputación Provincial de Badajoz pensado, dijo la Sala, para que lo ocupara David Sánchez Pérez-Castejón. Al hermano del presidente lo condenaron como cooperador necesario de un delito de prevaricación, con nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, aunque lo absolvieron de tráfico de influencias porque el tribunal no consideró acreditado que Pedro Sánchez o cualquier otra persona ejerciera presión concreta para conseguirlo — como si las plazas a medida se crearan solas, por generación espontánea institucional, sin que nadie mueva un dedo. Junto a él cayeron Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación, con dieciocho años de inhabilitación, y otros nueve cargos y funcionarios del PSOE pacense, varios de los cuales —esto conviene no olvidarlo nunca que se escribe sobre el PSOE en esta provincia— siguieron cobrando de la institución después de la sentencia, amparados en que la inhabilitación no es firme mientras se resuelven los recursos.
Que el abogado de David Sánchez lleve la petición a la apelación si la Sala no le hace caso es lo de menos; lo revelador es la lógica de la maniobra. Se pide borrar un hecho probado alegando que la responsabilidad penal por él ya prescribió, como si un delito prescrito dejara de haber ocurrido, como si la Historia se pudiera editar con la misma facilidad con la que se edita un comunicado de prensa. La acusación popular ya ha avisado de que no está dispuesta a que desaparezca ni una línea.
Y conviene no ver este episodio como un capítulo aislado, sino como la última pieza de un patrón que a estas alturas ya tiene nombre propio, el mismo que ya se documentó al hilo de la corrupción en la Diputación de Badajoz. Porque mientras la Audiencia de Badajoz debatía si debía maquillar su propia sentencia, en Madrid seguía coleando el otro asunto de David Sánchez: el de la Agencia Tributaria, que llevaba al menos tres ejercicios fiscales —2021, 2022 y 2023— sin recibir de él ni una autoliquidación de IRPF, pese a que su fuente principal de renta era, precisamente, la nómina de la Diputación de Badajoz, la misma institución que, como ya se contó, tampoco ha reclamado la devolución de lo cobrado de más. La ley española es clara al respecto: quien tiene en España el centro de sus intereses económicos tributa en España, viva donde viva. Pero para el hermano del presidente apareció, providencialmente, un informe de la propia Agencia Tributaria que sostenía lo contrario, un informe que llegó a la instrucción judicial sin firma reconocible ni membrete claro, redactado por tres altos cargos que reconocieron ante la jueza no haber elaborado nunca antes un documento de esas características. El exdirector de la Agencia Tributaria fue más allá y denunció públicamente que ese «informe falso» señalaba hacia arriba, hacia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Montero, número dos del PSOE y hoy responsable de que a los demás españoles el fisco no les regale informes a medida, tiene su propio historial en esto de mirar para otro lado cuando conviene: fue consejera de la Junta de Andalucía durante buena parte de los años del caso de los ERE —el mayor escándalo de corrupción institucional de la democracia española, con centenares de millones de euros en ayudas públicas repartidas sin control—, y ya como consejera de Hacienda, con potestad legal para reclamar judicialmente la devolución de lo defraudado, optó por no hacerlo. Se pueden pedir muchas explicaciones sobre por qué la ministra que no reclamó seiscientos ochenta millones a los suyos en Andalucía es la misma que hoy dirige el ministerio del que salió, sin firma, el informe que evitó que el hermano del presidente hiciera la declaración de la renta.
El hilo, visto entero, no es difícil de seguir: una plaza pública fabricada a medida en Extremadura para el hermano del presidente, una sentencia que lo acredita y que ahora se pretende editar, y un ministerio que —cuando el apellido lo exigía— encontró la manera de que Hacienda mirara hacia otro lado. Y todo, además, coincidiendo con el mes en que menos gente lee el periódico. La corrupción, cuando es lista, también sabe elegir calendario.
Redacción. A 24 de agosto de 2026.