El Gobierno acaba de reconocer, por escrito y en un real decreto, algo que en Extremadura llevamos años sospechando: la red eléctrica española está al borde del colapso. El Consejo de Ministros dio luz verde a una nueva estrategia de planificación que eleva el tope de inversión en redes hasta los 35.000 millones de euros de aquí a 2030 —de los cuales 17.900 millones estaban ya sobre la mesa desde hace un año, y el resto se ha añadido ahora al comprobar que los límites anteriores (un tope del 0,065% del PIB para Red Eléctrica y del 0,13% para las distribuidoras) se han quedado cortos. El propio texto aprobado admite que esos nodos, «al menos en la distribución», ya se consideran saturados.
Un dato: entre 2027 y 2030 las distribuidoras eléctricas podrán invertir 10.200 millones adicionales, y Red Eléctrica otros 7.700 millones más en la red de transporte. A eso se suma una partida aparte de 650 millones para modernizar los sistemas de control de tensión y evitar que se repita un apagón como el de 2025 —inversión que, según el Ministerio de Transición Ecológica, permitirá además reducir en 450 millones anuales el gasto en centrales de ciclo combinado que se han estado usando de más «por precaución» desde entonces.
Desde el sector, la patronal Alianza España Verde y Conectada ha aplaudido la medida sin matices: la nueva norma es «clave para desbloquear el atasco que hay en la red, ya que la economía española no puede permitirse rechazar proyectos industriales por falta de conexión».
Bien. Si la red está tan al límite que hace falta multiplicar la inversión, cabría preguntarse por qué el Gobierno sigue empeñado en cerrar, antes de que acabe la década, una de las pocas fuentes de energía de la región que produce sin pausa, llueva o no llueva, sople o no sople el viento: la central nuclear de Almaraz.
Y aquí es donde los números —no la ideología, los números— empiezan a incomodar. Según los cálculos que manejan las propias eléctricas, si el Ministerio autoriza que Almaraz siga funcionando hasta 2030 en vez de empezar a apagarse en 2027 como marca el calendario actual, la tasa que cobra Enresa por gestionar los residuos bajaría casi un 10%: de los 10,36 euros por megavatio/hora actuales a 9,38. Y si la vida de la central se alargara diez años, la propia Enresa reconoció ya en un informe de 2018 —el mismo que sirvió de base para la Ley de Cambio Climático— que esa tasa podría desplomarse más de la mitad, hasta unos 5 euros. La razón es aritmética pura: los costes de Enresa son en su mayoría fijos (el desmantelamiento cuesta lo mismo, los residuos no crecen mucho más), así que cuantos más megavatios produzca la central, entre más gente se reparte la factura y más barato sale por unidad.
Dicho de otro modo: cerrar Almaraz no abarata nada. Encarece la tasa para quien se quede, y esa tasa —insisten desde el sector— termina repercutiendo en la factura de la luz de todos los españoles. Como resumen las propias fuentes empresariales del sector nuclear: «si hay más ingresos por la tasa, se debería bajar el valor por megavatio generado». Justo lo contrario de lo que va a pasar si Almaraz cierra en la fecha prevista.
El calendario de cierre —2027 y 2028 para los dos reactores de Almaraz, 2035 para Trillo (Guadalajara)— lo pactaron en 2019 las propias eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y, en menor medida, EDP) con Enresa, a cambio de que la tasa no subiera de los 7,98 euros que pagaban entonces. El Gobierno la subió igualmente en 2024, hasta los 10,36 actuales, algo que las afectadas denuncian ahora ante el Tribunal Supremo por considerar que rompe aquel compromiso. Endesa, Iberdrola, Naturgy y el Foro Nuclear tienen dos recursos pendientes de sentencia: uno podría resolverse a finales de este año, el otro no antes de 2027. La ministra Sara Aagesen —la misma que firma la ampliación de 650 millones para Red Eléctrica— tiene ahora dos meses para decidir si Almaraz sigue funcionando más allá de 2027, plazo que en cualquier caso vence en noviembre de ese año, cuando caduca la licencia del primer reactor.
NUNCA CIERRAN LA CENTRAL DEL VECINO SI EL VECINO TIENE VOTOS QUE PRESTAR. Llevo días leyendo memorandos, reales decretos y notas de la patronal eléctrica, y de todos ellos solo saco una certeza que no está escrita en ninguno: en este país las centrales se cierran por geografía, no por física. Almaraz produce electricidad las veinticuatro horas del día sin pedir nada a cambio, y aun así el Gobierno se dispone a apagarla en 2027 pese a que los propios números —los suyos, los del real decreto que ellos mismos firmaron— dicen que mantenerla abierta abarata la factura de todos. Uno se pregunta, ingenuo, qué pasaría si en vez de estar en Cáceres, Almaraz estuviera en el Baix Llobregat. La respuesta se la sabe cualquiera que haya visto un Consejo de Ministros de los últimos años: no se cerraría ni loca. Se le buscaría una prórroga, un informe favorable, una «singularidad territorial», lo que hiciera falta. Porque este Gobierno no gobierna con mayoría, gobierna con muletas, y esas muletas se las prestan, votación a votación, los mismos socios catalanes de los que depende para seguir en pie mientras el fango de la corrupción sigue subiendo de nivel a su alrededor. A Extremadura, que no tiene ese peaje que cobrar, le toca poner la central que se apaga. Que conste que no lo digo yo: lo dicen sus propios informes, sus propias tasas, su propia aritmética. Ellos firmaron —con su decreto, con sus cifras— que era más barato dejarla encendida. Y aun así la van a apagar.
A 30 de julio de 2026.