Extremadura firmó en julio dos hitos inéditos en su mercado laboral. Por primera vez desde que existe serie histórica, el número de personas desempleadas ha bajado de las 60.000, mientras que la afiliación a la Seguridad Social ha superado la barrera de los 430.000 cotizantes, con más de doscientas mil mujeres inscritas, otro techo que la región nunca antes había alcanzado.
En el séptimo mes del año la comunidad sumó 2.125 afiliados, un 0,50 % más, hasta los 431.070, y redujo el paro en 767 personas, un 1,27 %, situándolo en 59.768 desempleados. Extremadura fue, además, una de las tres únicas comunidades autónomas donde bajó el desempleo respecto a junio, junto a Andalucía y Cantabria, y la segunda donde más descendió en términos interanuales: un 7,78 % menos que en julio de 2025, 5.042 parados menos.
Los datos, conocidos el martes a través de los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Trabajo y Economía Social, sitúan a España en un máximo histórico de afiliación, con 22.508.065 ocupados de media, impulsado en parte por la regularización extraordinaria de personas migrantes en curso. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz se subrayó que el proceso ha dado «la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos». El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, cifró en unas 2.000 las personas dadas de alta gracias a ese proceso, con 2.200 sumándose ya a la Seguridad Social «en sectores en los que hacían falta esos trabajadores».
La Junta de Extremadura leyó los números en clave de confirmación. La secretaria general de Empleo, María José Nevado, destacó que la región combina «el menor dato de paro registrado de la serie histórica» con récords de afiliación total y femenina. El diputado del PP Domingo Jesús Expósito afirmó que las cifras «marcan un antes y un después» y las vinculó a la estabilidad, la confianza inversora y el apoyo a autónomos y pymes; Vox, con Inés Checa, coincidió en la lectura y defendió que existe «una hoja de ruta clara» que aporta seguridad jurídica.
Enfrente, PSOE y Unidas por Extremadura pidieron prudencia. El socialista Aitor Vaquerizo advirtió de que la Junta «no puede conformarse con un descenso coyuntural del empleo» y reclamó empleo estable y de calidad. José Francisco Llera, de Unidas, alertó de que parte de la afiliación «se esfumará» al terminar el verano y exigió priorizar en el nuevo Plan de Empleo a mujeres, jóvenes, mayores de 50 años y parados de larga duración. Los sindicatos fueron más allá: UGT avisó de que solo uno de cada cuatro contratos firmados fue indefinido, mientras que USO calificó el descenso del paro de «espejismo» que oculta precariedad y ausencia de cambios estructurales. Ambas organizaciones reclamaron medidas contra la brecha de género, una estrategia industrial y menor dependencia de los empleos estacionales; el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT en Extremadura, Francisco Morcillo, lamentó que «en julio se producen despidos vinculados a las vacaciones y al exceso de jornada».
DE LA PRECARIEDAD ha hablado esta semana en Extremadura, con especial vehemencia, quien en Madrid gobierna el diseño que la sostiene. El diagnóstico sindical y socialista, sin embargo, no puede detenerse en la fotografía regional sin mirar el negativo que revela la propia gestión del Ejecutivo central, el mismo color político que en Mérida denuncia la precariedad ajena.
La reforma laboral que Yolanda Díaz presenta como su gran legado convirtió el contrato fijo discontinuo en la fórmula estrella para sustituir la temporalidad, pero ha terminado por fabricar una zona gris en la que el trabajador figura como «fijo» incluso cuando no cobra ni trabaja. El número de fijos discontinuos apuntados al paro sin actividad ha marcado récords sucesivos por encima de las 860.000 personas —más, según se ha llegado a estimar, que quienes en esa misma condición sí estaban trabajando—, y de ellos apenas un 17 % percibe alguna prestación por desempleo. El resto, cientos de miles de personas, no figura como parado en las estadísticas oficiales ni cobra nada: simplemente desaparece del cómputo. El propio Ministerio de Trabajo se ha resistido durante años a publicar la cifra exacta de fijos discontinuos inactivos y llegó a suprimir el anuario estadístico que la recogía.
Conviene no perder de vista, entonces, que la merma de «calidad» del empleo que UGT y USO señalan en Extremadura este verano se sostiene, a escala nacional, sobre un armazón contractual diseñado por el propio Gobierno al que esos sindicatos —y ese PSOE que en Mérida reclama «empleo estable y de calidad»— no exigen cuentas con la misma contundencia que a la Junta. Pedir en Extremadura lo que no se audita en Madrid tiene un nombre menos elegante que precariedad: se llama doble vara de medir.
Quien busque aprovechar ese margen de recuperación tiene ahora un atajo práctico: este medio ha puesto en marcha una sección de ofertas de empleo en Badajoz y Cáceres, con vacantes de la provincia que se pueden filtrar por puesto y por localidad.
Redacción. A 6 de agosto de 2026.