La Junta denunciará a Quintana delegado de Sánchez
La Junta de Extremadura ha elevado de forma drástica el pulso político con el Gobierno central por la gestión de la acogida de menores migrantes no acompañados. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Óscar Fernández, ha anunciado una ofensiva jurídica y judicial contra los traslados obligatorios hacia la comunidad autónoma.
Esta contundente estrategia legal apunta de manera directa al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, contra quien se prevé reclamar «responsabilidades penales» por una medida que desde el Ejecutivo regional se considera una «imposición» intolerable que está llevando «al límite» la capacidad del sistema de acogida de menores en la región.
El anuncio se ha formalizado en paralelo a la celebración del pleno de la Asamblea, donde se ha visibilizado la postura del bloque autonómico frente a las directrices de Madrid.
El Gobierno extremeño rechaza aceptar de manera voluntaria estos traslados, advirtiendo que se utilizarán «todas las armas» legales disponibles para combatir una política migratoria que califican de «injusta y discriminatoria» para los intereses de Extremadura.
Un giro radical: de la vía administrativa a los tribunales penales
Hasta el momento, la actuación de la administración autonómica se limitaba a recurrir los procedimientos de llegada de los menores por la vía puramente administrativa. Sin embargo, la persistencia del Gobierno central ha forzado un cambio de escenario. Las acciones judiciales anunciadas no se quedarán en el ámbito contencioso-administrativo, sino que darán un paso más abriendo la vía penal contra los delegados gubernamentales y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el propio Gobierno de España. La querella se dirigirá nominalmente contra José Luis Quintana.
La base argumental de esta ofensiva se sustenta en el presunto «fraude» que, a juicio del Ejecutivo regional, sufren los ciudadanos extremeños debido a la actual política migratoria diseñada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para la ejecución de estas medidas judiciales, la Junta recurrirá en primera instancia a sus servicios jurídicos internos, sin descartar la contratación de un gabinete externo especializado si la complejidad de la causa lo requiere.
Además de la batalla en los tribunales, la estrategia contempla la activación de mecanismos legales para promover el retorno de los menores a sus países de origen. Amparándose en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, se defenderá que, siempre que existan referencias familiares contrastadas, el objetivo prioritario debe ser la reagrupación de estos jóvenes con sus padres en su entorno de procedencia.
Críticas a la sumisión de la Delegación del Gobierno y el calificativo de «tragaderas»
El papel de José Luis Quintana en esta crisis ha reactivado con fuerza las críticas sobre su trayectoria y su total dependencia del aparato central del partido en Madrid. Sus detractores más feroces, extendiéndose incluso a sectores críticos y descontentos dentro de su propia formación en el PSOE, le han otorgado el sobrenombre de «tragaderas». Este apelativo responde a lo que consideran una actitud de absoluta sumisión y docilidad ante cualquier decisión que emane de su amigo personal, Pedro Sánchez, sin importar la gravedad de las circunstancias o el impacto de las políticas en el territorio de la región.
Desde el ámbito de la oposición local y autonómica se señala de forma incisiva que la supervivencia política y económica de Quintana depende por completo de la voluntad de su mentor. Tras haber perdido la alcaldía de Don Benito y al carecer de una trayectoria profesional contrastada o un desempeño de relevancia fuera de las estructuras orgánicas del partido, sus críticos afirman que actúa guiado por la necesidad imperiosa de asegurar su elevado sueldo público como delegado del Gobierno.
Esta posición subordinada le lleva, según las denuncias políticas, a decir que sí a todo lo que dicte el Ejecutivo central, validando de manera sistemática los traslados obligatorios y blindando la gestión de Sánchez a pesar de que el entorno del presidente se encuentre rodeado por severas sospechas e investigaciones de corrupción.
Frente a la ofensiva judicial y al recrudecimiento de los reproches políticos, Quintana ha manifestado encontrarse «absolutamente tranquilo» y ha asegurado que los procedimientos de acogida funcionan correctamente y se ajustan a la legalidad vigente. El delegado del Gobierno ha encuadrado la respuesta de la Junta dentro de una supuesta «estrategia nacional» de la formación de extrema derecha Vox, argumentando que este tipo de iniciativas ya se han replicado en otras comunidades autónomas como Aragón, Baleares y Andalucía. Según su perspectiva, se busca situar a los menores en el centro del debate político, lamentando que Extremadura pueda perder la solidaridad que históricamente la ha caracterizado.
Respaldo parlamentario a las pruebas forenses de edad
En el marco de la sesión de control parlamentario, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha respaldado de forma explícita las medidas propuestas relativas a la exigencia de pruebas de determinación de edad. La jefa del Ejecutivo autonómico ha defendido la idoneidad de realizar exámenes forenses clínicos en aquellos casos en los que existan dudas razonables sobre la minoría de edad de los migrantes, requiriendo siempre la preceptiva autorización de la Fiscalía. «Comprobar los requisitos que te permiten acceder a una prestación pública es lo más normal del mundo», ha aseverado.
Durante el debate parlamentario se han expuesto datos oficiales que, según el criterio del Ejecutivo, evidencian la dimensión del problema en la región en relación con la veracidad de las identificaciones de los recién llegados:
- El Servicio Extremeño de Salud ha realizado un total de 329 pruebas de determinación de edad a menores migrantes en la región.
- El 79% de los exámenes clínicos practicados concluyó de forma fehaciente que las personas evaluadas eran en realidad adultas.
- Un total de 260 personas mayores de edad fueron detectadas intentando ocupar plazas y recursos asistenciales destinados específicamente a la protección de menores de edad.
La respuesta institucional ha generado un tenso enfrentamiento con los portavoces de la izquierda parlamentaria, quienes acusan a la presidencia de asumir los postulados de la extrema derecha. Pese a los reproches de la oposición, que censura medidas como la supresión de determinados programas de cooperación internacional o la eliminación de actividades lingüísticas específicas en localidades como Talayuela, el bloque gubernamental reafirma que Extremadura mantendrá un criterio de máxima rigurosidad y control legal en la gestión de sus recursos públicos de acogida.
