El Tribunal de Cuentas ha abierto un plazo de cinco días —que a fecha de esta semana ni siquiera había empezado a correr, porque la Diputación de Badajoz no había recibido aún la notificación— para que la institución provincial decida si reclama a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y a su colaborador Luis María Carrero la devolución de las nóminas que percibieron durante los años en que ocuparon sendos puestos en el organismo. Entre los dos suman 427.560 euros.
Un procedimiento paralelo a la vía penal
El procedimiento lo activa el Tribunal de Cuentas a instancias de las acusaciones populares Iustitia Europa, Vox y Hazte Oír, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara el pasado 14 de julio, tras un juicio que llegó a reunir a más de 40 testigos, a Sánchez —conocido artísticamente como David Azagra, director de orquesta— y a Carrero a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia consideró probado que la Diputación les creó una plaza a medida: primero como coordinador de las actividades de los conservatorios de música, después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
La propia Audiencia rechazó obligar a los condenados a devolver el dinero por la vía penal, al no reconocer a las acusaciones populares la condición de perjudicadas por la merma de caudales públicos. Fue ese rechazo el que llevó a Iustitia Europa a pedir al Tribunal de Cuentas que investigara y cuantificara las retribuciones —salarios, cotizaciones sociales, dietas, desplazamientos y costes adicionales— abonadas por los dos puestos.
«No es el momento procesal»
Según trasciende, la Diputación ya ha recibido varios escritos de las acusaciones reclamando ese dinero. La presidenta, Raquel del Puerto (PSOE), pidió informes tanto a la Secretaría General como a los servicios jurídicos de la institución. La conclusión de ambos fue la misma: no es, dicen, «el momento procesal» para reclamar la devolución a los condenados. Todo apunta a que la Diputación pedirá el archivo de las diligencias, en la misma línea que ya mantiene la Fiscalía, que solicitó la absolución de todos los implicados.
No es la primera vez que la institución defiende a Sánchez. Desde el principio, la Diputación sostuvo que el hermano del presidente cumplió con sus funciones —incluida la producción de varias óperas y actividades paralelas al frente de la Oficina de Artes Escénicas—, la misma tesis que sus servicios jurídicos repiten ahora para no reclamarle nada.
Condenados que siguen cobrando de lo público
La sentencia de julio condenó, además de a Sánchez y Carrero, a otras nueve personas a nueve años de inhabilitación cada una, entre ellas el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo (PSOE), a quien se impusieron 18 años. Dos de los condenados, Juana Cintas Calderón y Cristina Núñez Fernández, dimitieron este verano de sus cargos públicos —primera teniente de alcalde de Olivenza y concejala en Talavera la Real, respectivamente— aunque jurídicamente no estaban aún obligadas a hacerlo, ya que la inhabilitación no es firme mientras dure el recurso. Ninguna de las dos ha dejado, eso sí, la nómina pública: Cintas sigue como directora del área de Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes en la propia Diputación, y Núñez trabaja como asesora en la Delegación del Gobierno. Otros dos condenados, el diputado provincial de Cultura Ricardo Cabezas y el alcalde de Castuera Francisco Martos, continúan ejerciendo sus cargos con normalidad.
Qué queda por delante
Se espera que en los próximos días los magistrados de la Audiencia resuelvan las aclaraciones pedidas por todas las defensas y por, al menos, dos de las acusaciones —el plazo para presentarlas terminó el pasado lunes—, centradas sobre todo en la concreción de la pena de inhabilitación especial, la más relevante de la condena. Solo cuando se notifique la sentencia a los condenados, tal y como marca la Ley de Régimen Electoral, la inhabilitación será inmediata. Después llegarán los recursos: la Fiscalía y las defensas pedirán la absolución; las acusaciones, agravar las penas. La última palabra, si el caso llega hasta el Tribunal Supremo, tardará todavía años.
NO HAY NADA MÁS DIFÍCIL DE ENTERRAR QUE UN CARGO A MEDIDA. Cuando la Audiencia dictó nueve años de inhabilitación contra David Sánchez —o David Azagra, que de los dos nombres ha ido usando el que mejor le convenía en cada ocasión—, cualquiera habría dado por muerta su carrera institucional en la Diputación de Badajoz. Y sin embargo, ahí sigue, sin que nadie le reclame nada. Tampoco lo tapa solo la Diputación: lo tapa, sobre todo, quien preside el partido que la gobierna. Álvaro Sánchez Cotrina lleva semanas paseando por Extremadura un discurso de renovación bautizado «Elegir Extremadura», poblado de jóvenes talentosos e igualdad de oportunidades, justo mientras su propia Diputación concluye que no es «el momento procesal» para pedirle cuentas a quien recibió, según la Audiencia, una plaza sin necesidad ni urgencia. Sus críticos ya le han encontrado el mote que le va como anillo al dedo: Sánchez Catrina, porque su proyecto de regeneración lleva, como esas calaveras mexicanas vestidas de gala, más tiempo muerto que vivo, aunque nadie se atreva todavía a quitarle el sombrero de plumas. Se puede prometer una Extremadura que no «congela la foto», como escribe él mismo; lo difícil es explicar por qué, en esa foto nueva, sigue sin aparecer nadie devolviendo los 427.560 euros.
Redacción. A 9 de septiembre de 2026.