HAY UNA VIEJA frase de sacristía, castiza hasta la médula, que sostiene que los dineros del sacristán cantando se vienen y cantando se van. Se refiere, como es sabido, a esas limosnas y estipendios que pasan por manos que no las sienten propias —el sacristán administra, pero no posee— y que por eso mismo se gastan sin escrúpulo ni cuenta. Lo que casi nadie recuerda es la segunda mitad, no escrita pero implícita, del refrán: ese dinero que se va cantando tampoco vuelve, porque nadie sale a perseguirlo. Para reclamar una pérdida hace falta, antes, sentirla como propia. Y las instituciones, que administran fortunas ajenas con funcionarios de paso y presidentes de mandato limitado, heredan ese vicio de sacristía con una facilidad pasmosa.
Algo parecido —sin salterios ni cepillo de las ánimas, pero con idéntica indiferencia contable— sucede estos días en la Diputación de Badajoz.
No hace falta reconstruir aquí todo el sumario del caso David Sánchez, que ocupa páginas y páginas desde que la Audiencia Provincial de Badajoz dictó sentencia el pasado 14 de julio. Basta un detalle, publicado por La Razón, que resulta más difícil de explicar políticamente que cualquier tecnicismo procesal: la Diputación no ha reclamado ni un euro del dinero abonado al hermano del presidente del Gobierno.
No es una interpretación periodística. Es, literalmente, lo que dice el fallo. La Audiencia no ordenó el reintegro porque quienes lo solicitaron —las acusaciones populares— carecían de la condición jurídica de perjudicados. Esa reclamación, señaló el tribunal, correspondía a quien sí la sufrió: la propia Diputación Provincial de Badajoz.
Y la Diputación, gobernada por el PSOE, no lo ha hecho.
Ahí, y no en la sentencia, está el verdadero problema político.
La resolución judicial califica la plaza ocupada por David Sánchez —a quien sus propios compañeros de oficina, según consta en los correos del sumario, llamaban ya «el hermanísimo» antes incluso de que llegara a ocuparla— de «innecesaria» y «vacía de contenido». Añade que no acudía con regularidad a su puesto y que jamás desarrolló las funciones que figuraban en la memoria con la que se había justificado su creación. Pese a ello, la institución que pagó esos salarios durante años no ha comparecido a pedir que se los devuelvan. Dineros de sacristán: se fueron cantando, entre memorias infladas y funciones de mentira, y nadie parece dispuesto a que vuelvan cantando también.
A uno, leyendo el fallo con calma, le asaltan siempre las mismas preguntas: ¿se ha perdido el expediente por el camino? ¿se ha olvidado alguien de firmarlo? ¿o es, sencillamente, que a nadie en la Diputación le apetece pedirle cuentas al hermano del presidente del Gobierno? Esa es, en el fondo, la única pregunta que de verdad importa.
Las acusaciones cifran en 340.572 euros lo cobrado por David Sánchez entre 2017 y 2025, y han tenido que buscar otras puertas para intentar recuperarlos, ya que la que señalaba la sentencia sigue cerrada. PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír han acudido al Tribunal de Cuentas. Manos Limpias ha optado por algo todavía más elemental: preguntarle directamente a la presidenta socialista de la Diputación por qué la institución perjudicada no reclama lo suyo.
Porque no se está hablando del patrimonio particular de ningún dirigente socialista, sino de fondos públicos. Si la Diputación entiende que no hay nada que recuperar, que lo explique jurídicamente. Si entiende que sí lo hay, que actúe. Lo verdaderamente difícil de justificar es la pasividad: ni una cosa ni la otra, solo silencio administrativo.
Cuánto cuesta explicarlo. Cuánto cuesta reclamarlo. Cuánto cuesta, en fin, tratar el dinero público como si de verdad fuera de alguien.
Y el apellido del beneficiario no ayuda precisamente a rebajar la sospecha: David Sánchez es hermano de Pedro Sánchez, que gobierna España necesitando, legislatura tras legislatura, los votos de fuerzas situadas fuera del bloque tradicional de los grandes partidos nacionales. Quede dicho con toda claridad: eso es perfectamente legítimo dentro de un sistema parlamentario. Lo que no lo es tanto es que esas alianzas —con EH Bildu, con el nacionalismo periférico, con quien sea— sirvan de coartada para rebajar la exigencia de responsabilidades cuando lo que está en juego es dinero de todos. Aquí no debería importar de qué color es el socio: el dinero público se defiende igual, se llame el hermano, el amigo o el compañero de partido de quien sea.
La fotografía que deja el caso es difícil de mejorar para quien denuncia una doble vara de medir. Una sentencia —todavía recurrible, conviene subrayarlo, y por tanto no firme— que califica aquella plaza de «innecesaria y vacía de contenido». Unas acusaciones intentando recuperar cientos de miles de euros por vías alternativas. Un Tribunal de Cuentas al que se pide que investigue. Y, en medio de todo, la administración socialista que hizo los pagos, sin haber reclamado hasta ahora su devolución por el cauce que el propio tribunal señaló como el correcto.
Conviene no perder de vista esa cautela jurídica: David Sánchez tiene derecho a recurrir, y una condena recurrible no puede presentarse como cosa definitivamente juzgada.
Pero esa cautela, siendo exigible, no resuelve la pregunta política. Ni siquiera la aplaza.
¿Por qué la Diputación de Badajoz no ha reclamado el dinero?
No hace falta esperar a una sentencia firme para responder a eso. Tampoco hace falta un nuevo procedimiento judicial para que la institución explique por qué fueron otros —partidos de la oposición, una asociación como Manos Limpias— quienes tuvieron que intentar defender unos intereses económicos que, en teoría, eran suyos.
En un asunto que salpica al hermano del presidente del Gobierno, el silencio institucional no despeja las sospechas: las multiplica. Y cuanto más tiempo pase sin una explicación convincente sobre esos 340.572 euros, más difícil resultará seguir sosteniendo que esto es, simplemente, una cuestión de trámite.
Porque, despojada de nombres y de siglas, la pregunta es extraordinariamente sencilla: si ese dinero es de los ciudadanos y existe base jurídica para reclamarlo, ¿por qué quienes lo administran todavía no lo reclaman?
La última vuelta de tuerca llegó ya en agosto de 2026, cuando la defensa de David Sánchez pidió a la Audiencia que borrara de la sentencia el párrafo que prueba que sabía de antemano que la plaza se había creado para él — el mismo hecho probado que explicaría, de paso, por qué a la Diputación tampoco le urge reclamar lo cobrado de más.
Quevedo lo dejó dicho hace cuatro siglos y no ha envejecido ni una línea: poderoso caballero es don dinero. En Badajoz, sin embargo, parece que a ese caballero tan poderoso nadie quiere salir a cobrarle lo que debe. Dineros de sacristán: cantando se fueron. Y, de momento, cantando —o más bien callando— siguen sin volver.
Redacción. A 9 de agosto de 2026.