HABÍA una vieja costumbre, hoy casi extinguida, que consistía en hacer firmar a los padres el boletín de notas del hijo, suspensos incluidos, para que nadie pudiera alegar después que no se había enterado. La nota mala no se escondía: se enseñaba, se firmaba y, como mucho, se regañaba al niño por ella. A una generación entera de administraciones educativas, sin embargo, se le ha explicado que el disgusto es evitable si uno controla a tiempo quién entra en el examen y quién se queda, discretamente, fuera de la lista, o si de plano se decide que el aprobado ya no hay que merecerlo, sino solo esperarlo. Ha bastado con que la OCDE publicara esta semana el informe PISA 2025 para comprobar que esa lección —la del aprobado fácil, la de la nota que se disfraza en vez de corregirse— se ha aprendido mejor que ninguna otra en las aulas españolas: mejor que las matemáticas, que la lectura, que las ciencias.
Porque no se trata ya de una sospecha de sobremesa, sino de un dato con membrete internacional. La complacencia institucional, la degradación progresiva de la exigencia académica y las sucesivas contrarreformas legislativas —cada una prometiendo enderezar lo que la anterior había torcido, ninguna consiguiéndolo— han desembocado en una debacle formativa sin precedentes en la serie histórica del estudio. Mientras Singapur, Japón o Corea del Sur siguen blindando el rigor cognitivo y el mérito formativo como quien blinda una frontera, y consolidan así su liderazgo mundial, los escolares españoles de quince años se han desplomado a sus peores registros desde que el informe existe. Promover de curso sin haber asimilado nada e impedir la repetición no mejora, se ha comprobado, el rendimiento; lo único que hace es maquillarlo, y condenar a generaciones enteras a llegar a la vida adulta sin las herramientas intelectuales más elementales.
El aprobado que no hace falta merecer
El detonante lleva nombre y apellidos: la Ley Celaá, la LOMLOE, aprobada a finales de 2020 por el Gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez en la Moncloa, «a espaldas de la comunidad educativa, sin contar con la opinión de expertos y con el rechazo de numerosas comunidades», según la ha descrito la propia Consejería de Educación extremeña. La norma, que ya ha visto pasar a tres ministros por su cartera en cinco años, permite pasar de curso en la ESO con cualquier número de asignaturas suspendidas, titular en Secundaria con cualquier número de suspensos y graduarse en Bachillerato habiendo dejado atrás hasta dos materias. Detrás de la letra pequeña hay una filosofía completa, y no es ningún secreto para quien haya seguido veinte años de discurso socialista en materia educativa: la convicción, elevada a categoría casi religiosa, de que exigir es excluir, de que suspender es estigmatizar, y de que la única desigualdad verdaderamente intolerable es la que separa al alumno que sabe del que no sabe. A ese catecismo se le llamó durante años buenismo; hoy se le llama, con una etiqueta más moderna y no menos vacía, pedagogía woke, y viene a decir lo mismo de siempre con otro nombre: que todo vale, que ninguna nota puede doler, que la única función del sistema es no incomodar a nadie (dicho sin eufemismos: una filosofía de mierda aplicada a las aulas, que a fuerza de no querer hacer daño a nadie ha acabado haciéndoselo a todos). La exigencia académica, dicho sin narcóticos, quedó supeditada a una estadística cosmética destinada a maquillar las tasas de abandono; y al eliminar la cultura del esfuerzo y devaluar la evaluación, se les cercenó a los alumnos —y a sus profesores, que ya no pueden suspender con consecuencias reales— el único incentivo que de verdad enseña algo: el de la superación.
Que luego, a los quince años, un tercio de esos mismos alumnos no sepa interpretar un texto medianamente largo ni resolver un problema aritmético sencillo no debería sorprender a nadie que haya seguido el razonamiento hasta el final. Sorprende, en cambio, y no poco, que la actual ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, atribuyera el batacazo a «los hábitos de pantalla», como si el móvil llevara treinta años redactando el currículo y firmando los decretos de evaluación en vez de estarlo, como todos, simplemente en el bolsillo del alumno. Conviene, eso sí, no cargar toda la tinta sobre la última ley: el gráfico de la serie histórica española empieza a torcerse ya en 2015, cinco años antes de que se aprobara la norma que hoy se señala, y en ese tramo han pasado por el BOE más leyes educativas que ministros de Hacienda —la general, la de calidad, la orgánica, la de mejora, la actual—. Lo único constante en tres décadas de reforma ha sido la reforma misma.
Extremadura, entre los pocos que dan la cara
España entera, con sus 29.967 estudiantes examinados en 956 centros —parte de una muestra mundial de 760.000 chavales en 90 países—, se ha quedado en 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, todos por debajo del promedio de la OCDE (461, 463 y 482, respectivamente) y, en dos de las tres materias, también por debajo de la Unión Europea; un tercio del alumnado ni siquiera alcanza el nivel mínimo de competencia en matemáticas o en lectura, y apenas un 2% llega al nivel más alto en comprensión lectora, esa élite intelectual residual capaz de distinguir un hecho de una opinión. En ciencias, la caída respecto a hace una década roza los 45 puntos. El único renglón en el que España supera a la media europea —499 frente a 495, y un punto por encima incluso de la OCDE— es la resolución computacional de problemas: la región de resolver entuertos ajenos con lo puesto, en la que los españoles llevan siglos de ventaja y en la que, a la vista de lo demás, últimamente no les ha faltado entrenamiento.
Extremadura, que participa con muestra propia y desglosada desde hace trece años, ha vuelto a presentarse entera este curso, sin recortes de última hora: 1.782 alumnos de quince años, repartidos en 53 centros, hicieron el examen tal cual venía, y el resultado es el peor de su serie histórica. En matemáticas cayó hasta los 454 puntos, casi treinta menos que en 2015 y lejos de la media europea, fijada en 467; en ciencias se estancó en 473, cuatro puntos por debajo de la media nacional y a niveles que ya rondaba en 2018; en lectura firmó su peor marca, 451 puntos, camuflada solo porque empata con una media nacional igualmente mediocre; y en resolución de problemas anotó 494, por debajo tanto de los 499 estatales como de los 495 comunitarios. La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha denunciado que la norma estatal ha «deteriorado el sistema al permitir pasar de curso con materias suspensas», aislando a los escolares extremeños de la vanguardia académica del continente. No le falta razón en el diagnóstico, aunque convenga no dejarla sola con él, ni olvidar que Extremadura, mal que le pese el resultado, sí entregó su boletín íntegro, con la firma de los 1.782 puesta abajo, sin nadie a quien haber podido excluir de la lista sin que se notara.
Los que no quisieron enseñar el boletín
Porque no todas las comunidades se han sometido al examen con la misma disposición. Cataluña, de los 2.545 alumnos seleccionados, excluyó a 591 —un 23,3%, más de uno de cada cinco—, la inmensa mayoría por perfiles cognitivos, conductuales o emocionales. La propia OCDE, que admite hasta un 5% de exclusiones por motivos técnicos, ha señalado que nunca había visto una tasa semejante en veinticinco años de estudio, y ha dictaminado que los resultados catalanes —que, vaciados así de sus alumnos más flojos, aparentaban una mejora notable— no son válidos ni para compararse con otras comunidades ni con las ediciones anteriores del propio informe catalán. La Administración autonómica lo ha llamado «incidente técnico» en la comunicación de instrucciones a los centros; llamarlo así es, como poco, generoso, y no deja de resultar irónico en una comunidad cuyo modelo educativo lleva años señalado, por sus críticos, de anteponer el adoctrinamiento identitario al rigor curricular: cuando por fin le tocaba enseñar el boletín entero, alguien decidió que era mejor recortarlo antes.
El País Vasco, hay que decirlo con la misma vara, no ha recurrido a ese truco: se presentó entero y su nota, publicada sin recortes, es demoledora —47 puntos menos en lectura, 22 menos en matemáticas y 21 menos en ciencias que en la edición anterior—, un descalabro que contradice el relato, tan repetido en cierto discurso nacionalista, de un sistema educativo propio superior al del resto de España; el índice socioeconómico de su alumnado, por cierto, está por encima de la media de la OCDE, de modo que tampoco vale aquí la excusa de la pobreza. Se le puede reprochar el resultado, pero no el gesto de haberlo dado; a Cataluña, en cambio, conviene reprochárselo todo, el resultado y sobre todo el truco.
No deja de ser una paradoja instructiva que sea precisamente la región más señalada como rezagada, año tras año, en cualquier ranking que se publique sobre España, la que se somete al examen sin editar antes la lista de aprobados. Y que sean, en cambio, los territorios que más presumen de modelo propio —uno por partida doble, presentándose y hundiéndose; el otro decidiendo, sin más, que este año no le tocaba examinarse— los que peor parados quedan cuando se mira con detenimiento el expediente completo. Da qué pensar sobre qué clase de comparación temen unos y otros, y sobre a santo de qué; y da que pensar, también, que sea la región con peor fama la que menos tenga que esconder.
Redacción. A 9 de septiembre de 2026.