NADIE DIMITE mientras siga teniendo mayoría para no hacerlo. Ésa es, más o menos, toda la doctrina política de nuestro tiempo, y conviene tenerla presente para entender lo que ha pasado esta semana en la Diputación de Badajoz.
Raquel del Puerto (PSOE) cumple ahora un año como presidenta de la institución, cargo que asumió tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Pocos días antes de ese aniversario, la Audiencia Provincial hizo pública la sentencia que condena a Gallardo y a otras diez personas por prevaricación administrativa en el llamado «caso David Sánchez». En entrevista con La Crónica de Badajoz, del Puerto calificó el fallo de «un jarro de agua fría»: «no me lo esperaba», dijo, aunque matizó enseguida que la resolución, cuatrocientos folios, no es firme y puede recurrirse. La imagen del agua fría es afortunada: a ella, como se sabe, uno se acostumbra en un par de minutos, y a los tres ya ni se nota.
De los condenados, ninguno tiene, según del Puerto, intención de dimitir: «Es una cuestión que tienen que tomar ellos a nivel personal», zanjó, antes de recordar que la acusación particular reclama a David Sánchez y Luis María Carrero la devolución del salario cobrado en el cargo, petición que la Diputación, insiste, «nunca ha pedido». Preguntada por el doble rasero —hay un diputado del PP con sentencia firme por difamación, el alcalde de Villar del Rey, que tampoco ha dimitido—, respondió con una frase que le sirve de coartada para todo: «La vara de medir tiene que ser exactamente igual para unos que para otros».
Días antes, en otra entrevista al mismo periódico, del Puerto ya había cargado contra quienes, a su juicio, «manchan» la imagen de la institución con «acusaciones generales», y había avisado de que a quien ataque «la forma de trabajar y sus objetivos» lo tendrá «siempre enfrente». Aquella entrevista se publicó, por cierto, el mismo día en que trascendía una segunda sentencia, ésta anulando el nombramiento de otro cargo de la casa. A eso lo llamó, textualmente, «normalidad»: «No es la primera ni la última», dijo, pidiendo además que «la información se conforme a la realidad y no a insinuaciones». Se ve que en la Diputación de Badajoz las sentencias condenatorias son, como las goteras, cosa del clima: no se le pueden pedir cuentas al tejado.
Nada de esto le impide, dicho sea de paso, mirar con gusto hacia la próxima legislatura: «Por qué no decirlo: me gustaría, me importaría seguir siendo la presidenta de la Diputación de Badajoz», declaró, invocando de paso su condición de primera mujer al frente de la institución en doscientos años de historia. Del deterioro de sus relaciones con el PP, que la acusa de haber dejado de recibir a sus alcaldes, se defendió asegurando que sigue siendo «la misma que inició la legislatura».
Cuesta no acordarse, leyéndola, de tantos gobernantes de otros tiempos que, procesados por sus propios tribunales, seguían presentándose a los comicios con la mano en el pecho y la palabra «persecución» en la boca. La receta es antigua y funciona siempre igual: uno se declara respetuoso con la Justicia en la misma frase en que la desautoriza, exige coherencia informativa a quien no hace sino informar de una sentencia, y reclama a los demás esa «vara de medir» que tan bien conjuga en tercera persona y tan mal en primera.
Porque no se trata, adviértase, de que del Puerto mienta. Es más sutil: se trata de que no dimite nadie, ni ella ni los suyos, y de que la palabra «dimisión» ha pasado a pertenecer, en cierta política de provincias, al género de las curiosidades arqueológicas. Hace falta, desde luego, mucha cara para pedir respeto a los tribunales mientras se blinda a los propios condenados por ellos. Pero la cara, a estas alturas, ya sabemos que aguanta lo que le echen. La conciencia tranquila y la cabeza muy alta, ha dicho. Cabeza alta, sí; lo que no dice es hasta cuándo.
A 23 de julio de 2026.