NADIE VOTÓ para que un condenado por prevaricación se sentara en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz. Y sin embargo ahí sigue, semanas después de la sentencia que lo inhabilita a él y a otros diez encausados, mascullando frases que el micrófono no recoge mientras la corporación discute si debe irse.
El pleno ordinario debatió una moción del PP, respaldada por Vox y el concejal no adscrito Carlos Pérez, exigiendo la dimisión —o en su defecto el cese— de Ricardo Cabezas como concejal y diputado provincial, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en el «caso David Sánchez». El PSOE votó en contra. Cabezas no tomó la palabra: se limitó a negar con la cabeza y reprochar en silencio mientras el concejal popular Juan Parejo desgranaba la moción sosteniendo en alto la portada de La Crónica de Extremadura del día en que se conoció la sentencia, con la foto de todos los condenados en la sala. «La foto de la vergüenza», la llamó.
La portavoz socialista, Silvia González, defendió que la sentencia «no es firme» y que recurrirla «no es una excusa», sino «un derecho reconocido por la ley» —el mismo argumento, exactamente el mismo, que ya empleó la presidenta de la Diputación para no dar más explicaciones—. González respondió acusando al PP de «doble rasero»: el partido no ha pedido el cese de su propio alcalde en Villar del Rey, diputado provincial también, condenado con sentencia firme —firme, no recurrible— por difamación. «Estamos hablando de conveniencia, no de principios», sentenció.
Tiene razón, y ese es justamente el problema: que tenga razón no salva a nadie. Que el PP tolere en sus filas a un condenado en firme mientras exige la cabeza del condenado ajeno no hace más inocente a Cabezas; solo confirma que en el consistorio pacense la palabra «dimisión» se invoca según convenga a la bancada, nunca según lo que exige la vergüenza. El concejal no adscrito lo dijo mejor que nadie sin pretenderlo: votó a favor del cese de Cabezas, pero «personalmente» le deseó que demostrara su inocencia. Se puede pedir la cabeza de alguien y desearle suerte en la apelación en la misma frase; es lo que tiene la política de provincias, que no conoce la contradicción, solo la conveniencia.
Mientras se libraba esta pantomima en el salón de plenos, el Tribunal de Cuentas recibía dos escritos más sobre el mismo asunto: el partido Iustitia Europa reclama que David Sánchez devuelva 340.500 euros cobrados en la Diputación, y Vox pide investigar un «saldo deudor injustificado» de 280.845 euros por el mismo puesto. En total, más de 427.000 euros en juego entre Sánchez y su amigo Luis María Carrero, también condenado, también exasesor de Moncloa. Cifras que ya no sorprenden a nadie en Badajoz, que lleva semanas siendo, según lamentó el propio Parejo, la palabra más buscada de España por motivos que nada tienen que ver con su patrimonio o su gastronomía.
Aquí conviene pararse un momento, porque la vergüenza no es solo de quien votó a estos condenados. Es de la ciudad entera, empezando por la mayoría de pacenses que no votó a ninguno de los dos partidos con representantes condenados —ni al de Cabezas, ni al del alcalde de Villar del Rey— y que ve cómo su ayuntamiento y su diputación se convierten en el hazmerreír nacional sin haber tenido arte ni parte en ello. Uno no elige a sus vecinos de escaño, pero carga con su reputación igual. Y cuando la oposición se levanta a pedir dimisiones con la boca pequeña, sabiendo que en su propia bancada guarda a un condenado en firme al que nunca ha pedido nada, lo que queda no es una lección de ética, sino la confirmación de que en esto, como en tantas cosas, no hay bando limpio: solo distintos grados de cara.
A 23 de julio de 2026.