Los números oficiales de Podemos, auditados por el Tribunal de Cuentas y publicados en el portal de transparencia del partido, dibujan una hemorragia sin frenos: 7.857.579 euros de pérdidas acumuladas entre 2022 y 2025, cuatro ejercicios seguidos en números rojos, y un patrimonio neto que se ha quedado prácticamente a la mitad en cinco años —de los 20,2 millones de 2021 a los 10,7 millones de 2025—, según revela un análisis publicado este jueves por El Mundo a partir de esas cuentas oficiales.
El desplome no es solo contable. Los ingresos públicos del partido han caído de 11,1 millones en 2021 a 2.599.325 euros en la actualidad; lo recaudado por cuotas de sus cargos institucionales se ha hundido de 1,8 millones a apenas 474.000 euros; y la nómina de personal técnico y político, que llegó a rozar los 7,8 millones, se ha recortado a 2,2 millones tras el ERE de 2023. Hoy Ione Belarra dirige una formación en mínimos desde su irrupción en 2015: cuatro diputados en el Congreso, dos eurodiputadas y solo seis diputados autonómicos en toda España.
Extremadura sostiene la mitad de lo que le queda a Podemos
Y aquí es donde el dato deja de ser una curiosidad de Madrid para convertirse en un asunto extremeño. De esos seis diputados autonómicos que le quedan a Podemos en toda España —tras perder representación en Andalucía, Aragón y Castilla y León en el último ciclo electoral, y perder también su único gobierno autonómico con la marcha de Begoña Alfaro en Navarra—, tres están en la Asamblea de Extremadura. La mitad exacta. Ni Murcia (dos) ni Baleares (uno) sostienen tanto peso relativo del proyecto como esta comunidad.
La cara visible de esa supervivencia es Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura desde 2019 y diputada desde 2015. Esta redacción ya documentó su perfil: nacida en Madrid en 1981, instalada en Extremadura en 2011 como emprendedora agrícola y reconvertida en cargo público de Podemos apenas tres años después. Once años de sueldo, dietas y complementos como diputada y portavoz —que esta redacción estimó en más de 800.000 euros brutos en abril— rozan hoy, sumados los meses transcurridos desde entonces, el millón de euros del erario extremeño.
El hombre que puso los cimientos, hoy en la sombra de un think tank chavista
Conviene no quedarse solo en la portavoz. La estructura que trajo a Extremadura a una recién llegada de Madrid y la convirtió en diputada en apenas un año de militancia no se construyó sola. Entre 2014 y 2016 —los mismos años en que Irene de Miguel se afilió y fue elegida—, el secretario de Organización que diseñó el despliegue territorial de Podemos por toda España fue Sergio Pascual, extremeño de Plasencia (Cáceres). Pascual llegó al partido «de la mano» de Íñigo Errejón, según su propia biografía pública, y ocupó ese cargo de máxima confianza bajo el mando directo de Pablo Iglesias hasta que este lo cesó en marzo de 2016, en plena ruptura entre pablistas y errejonistas.
Hoy Sergio Pascual ya no aparece en ninguna papeleta. Forma parte del consejo ejecutivo de CELAG, el think tank sucesor del CEPS que recibió financiación del chavismo venezolano y en el que el propio Pablo Iglesias figura como profesor invitado. Es decir: el hombre que construyó el andamiaje que hoy sostiene a Podemos en Extremadura ha cambiado el escaño por el despacho sin urnas de por medio, amigo tanto de Iglesias como de Errejón, el dirigente que lo trajo al partido y que hoy está procesado por una denuncia de agresión sexual, con juicio pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid, tras dimitir en octubre de 2024 señalado por varias mujeres.
La credibilidad no se recupera con un balance en rojo
El análisis de esta redacción no puede quedarse únicamente en la calculadora del Tribunal de Cuentas. Debe contrastarse con lo que ese mismo partido, en Extremadura, se permite exigir a otros: ejemplaridad, transparencia, ruptura con el pasado. Un partido que se ha fundido la mitad de su patrimonio, que ha tenido que hacer un ERE para sobrevivir y que apenas roza el millón de cuotas de sus propios afiliados no está en la posición más cómoda para dar lecciones de infamia ajena mientras su portavoz extremeña acumula un sueldo público que se acerca a esa misma cifra, y mientras el arquitecto de su implantación territorial reparte su lealtad, todavía hoy, entre un fundador señalado por un chat sobre azotar a mujeres y un socio procesado por agredirlas.
SE VIVE, EN PODEMOS, DE LA MISMA CONTRADICCIÓN QUE SE DENUNCIA EN LOS DEMÁS. Cuesta sostener el discurso de la casta cuando la propia casa se sostiene, en Extremadura, sobre una paracaidista con sueldo de once años y sobre la sombra de un fontanero reconvertido a asesor de fundaciones con pedigrí bolivariano. La precariedad de las cuentas oficiales no es incompatible con la solvencia personal de quienes las administran desde dentro; de hecho, en este caso, conviven en el mismo balance sin que nadie parezca advertir la ironía. Cuando se lleva años pidiendo cuentas a los demás, conviene tenerlas uno mismo en orden antes de abrir la boca.
Redacción. A 26 de agosto de 2026.