La Conferencia Sectorial de Infancia celebrada para abordar la crisis de los menores migrantes llegados a Ceuta terminó dejando una fotografía política bastante más incómoda para el Gobierno de Pedro Sánchez de lo que algunos quieren reconocer.
Extremadura no acudió.
Tampoco lo hicieron Aragón y Castilla y León.
Y mientras desde el PSOE extremeño se han apresurado a hablar de Vox, de «dejación de funciones», de responsabilidades institucionales y de la obligación de María Guardiola de acudir a las reuniones, hay una pregunta mucho más sencilla que siguen sin contestar:
¿Qué quieren hacer exactamente con esos menores?
Porque detrás de toda la palabrería partidista hay menores concretos, familias concretas y cientos de expedientes que siguen pendientes.
Y eso no se arregla llamando insolidario al que se niega a participar en un reparto.
Los 25 millones se aprobaron sin Extremadura
La primera manipulación que conviene desmontar es bastante sencilla.
La ausencia de Extremadura no impidió que se aprobara la transferencia de 25 millones de euros para Ceuta.
La Conferencia Sectorial dio luz verde a esa cantidad para financiar la atención a los menores que ya se encuentran en la ciudad autónoma.
El dinero servirá para sufragar, entre otras cosas:
alojamiento, alimentación, vestuario, traslados, asistencia jurídica, atención médica, acompañamiento socioeducativo y servicios de traducción.
La ayuda salió adelante con el respaldo de las comunidades que participaron.
Extremadura, Aragón y Castilla y León no estaban allí.
Y, aun así, los 25 millones fueron aprobados.
Por tanto, presentar el plantón extremeño como si hubiera dejado abandonados económicamente a los menores de Ceuta resulta bastante difícil de sostener.
El dinero se aprobó igualmente.
La discusión era otra.
Extremadura rechaza que la solución sea repartir menores
La Junta había dejado clara su posición antes de la reunión.
No quería participar en un mecanismo que pudiera terminar convirtiendo el problema de Ceuta en un reparto de menores entre comunidades autónomas.
María Guardiola defendió además que Extremadura no se oponía a que Ceuta recibiera recursos económicos.
Lo que denunciaba era lo que calificaba como abandono y dejación de funciones del Gobierno de España.
Y la Junta planteaba otra vía: tramitar con rapidez los expedientes individualizados y estudiar la posibilidad de retorno cuando legalmente proceda.
La propia información publicada recoge que el Ejecutivo extremeño reclama que se tenga en cuenta:
«el interés del menor y de los padres en la reunificación familiar o en volver a su país de origen, donde tiene sus raíces, cultura, modos de vida y posibilidad de desarrollo».
Y aquí está la discusión que el PSOE extremeño parece empeñado en sustituir por otra.
Porque una cosa es proteger a un menor que necesita protección.
Y otra muy diferente convertir inmediatamente la solución en distribuirlo territorialmente por España sin explicar primero qué se ha hecho para localizar a su familia.
Si son menores, lo primero debería ser preguntar dónde está su familia
El propio Gobierno reconoce que existen cientos de expedientes relacionados con Marruecos pendientes de resolución.
En la información anterior se hablaba de aproximadamente 600 expedientes esperando respuesta marroquí.
Y al mismo tiempo España discute cómo distribuir menores entre comunidades autónomas.
La pregunta parece bastante elemental:
¿Dónde están sus padres?
¿Dónde están sus familias?
¿Han sido localizadas?
¿Marruecos está respondiendo?
¿Cuántos expedientes pueden terminar en reunificación familiar?
¿Cuántos no pueden hacerlo?
¿Por qué?
No todos los menores podrán regresar.
No todos tendrán familiares localizables.
No todos los retornos serán jurídicamente posibles ni estarán necesariamente en el interés superior del menor.
Pero precisamente por eso existen los expedientes individuales.
Lo absurdo sería convertir a los menores en una especie de unidades administrativas que haya que distribuir territorialmente antes de haber agotado las posibilidades legales de reunificación familiar.
Y aparece el PSOE extremeño para hablarnos de Vox
Frente a esto, la respuesta del PSOE de Extremadura ha resultado previsible.
Su portavoz de Políticas Sociales, Soraya Vega, acusa al vicepresidente extremeño Óscar Fernández de «dejación de funciones» y exige a Guardiola que lo desautorice.
Afirma además que la ideología de Vox está condicionando la política extremeña.
Ése parece ser el gran argumento.
Vox.
Otra vez Vox.
Siempre Vox.
Pero ni una referencia de ese tamaño político responde a la cuestión esencial.
Supongamos durante treinta segundos que Vox desaparece mañana.
¿Dónde están las familias de esos menores?
El problema seguiría exactamente ahí.
Supongamos que Guardiola acudiera sonriente a todas las conferencias sectoriales convocadas por Sira Rego.
¿Marruecos respondería automáticamente los cientos de expedientes pendientes?
No.
Supongamos incluso que Extremadura aceptara todos los traslados que se le propusieran.
¿Eso resolvería el problema migratorio de Ceuta?
Tampoco.
Por eso la respuesta socialista resulta políticamente tan pobre.
Sánchez Cotrina no puede esconderse detrás de Soraya Vega
Y aquí aparece el nuevo jefe del socialismo extremeño.
Álvaro Sánchez Cotrina, al que aquí podemos llamar satíricamente Sánchez «Catrina», porque la supuesta resurrección del PSOE extremeño corre el riesgo de parecer una de esas catrinas mexicanas: mucho adorno exterior alrededor de un proyecto políticamente muerto antes de empezar.
Soraya Vega puede ser quien haga las declaraciones.
Pero el secretario general es Cotrina.
Y Soraya Vega no es precisamente una militante cualquiera.
Fue su rival en las primarias.
Perdió frente a él.
Y poco después terminó integrada en la dirección del nuevo PSOE extremeño.
Por tanto, cuando la portavoz oficial del partido fija posición sobre un asunto de esta importancia, Sánchez Cotrina no puede fingir que aquello no tiene nada que ver con él.
Ésa es la línea política de su partido.
Y si no lo es, que la desautorice.
Mucha indignación, pocas respuestas
El PSOE extremeño dice que Guardiola debe defender los intereses de Extremadura.
Muy bien.
Entonces Sánchez Cotrina debería empezar explicando qué considera él que son los intereses de Extremadura en este asunto.
¿Quiere recibir menores procedentes de Ceuta?
Que diga cuántos.
¿Dónde quiere alojarlos?
Que explique dónde.
¿Quién gestionará su atención?
Que lo diga.
¿Cuánto costará?
Que publique las cifras.
¿Cuánto pondrá el Estado y cuánto terminará pagando Extremadura?
Que haga las cuentas.
¿Durante cuánto tiempo permanecerán aquí?
Que dé una estimación.
Y, sobre todo:
¿defiende Sánchez Cotrina que antes de trasladar a un menor cientos de kilómetros se intente localizar a su familia y estudiar su reunificación cuando sea legal y segura?
Porque ésa es la pregunta.
No Vox.
No Guardiola.
No Óscar Fernández.
No las consignas de Ferraz.
Los menores.
25 millones de euros también exigen transparencia
Hay además otra cuestión que debería interesar bastante más de lo que parece a los partidos políticos.
Estamos hablando de 25 millones de euros extraordinarios únicamente para afrontar esta crisis en Ceuta.
Y el ciudadano tiene derecho a preguntar dónde termina ese dinero.
¿Cuánto cuesta una plaza?
¿Cuánto se paga por alojamiento?
¿Qué entidades gestionan los centros?
¿Qué ONG reciben fondos?
¿Qué empresas prestan servicios?
¿Qué inmuebles se utilizan?
¿Quién cobra los alquileres?
¿Qué contratos existen?
¿Cuánto corresponde directamente a manutención y asistencia del menor y cuánto a toda la estructura administrativa y empresarial que existe alrededor?
Preguntar esto no significa afirmar que haya corrupción o un negocio ilegal.
Significa una cosa bastante más sencilla:
si se gastan decenas de millones de dinero público, se deben poder seguir esos millones hasta el último euro.
Y si todo está perfectamente gestionado, mejor todavía.
Que se publique.
Porque alrededor de cualquier sistema financiado con dinero público aparecen intereses económicos
Ésta es la parte del debate que normalmente desaparece.
Un sistema de acogida necesita edificios.
Necesita personal.
Necesita alimentación.
Necesita transporte.
Necesita seguridad.
Necesita traductores.
Necesita abogados.
Necesita trabajadores sociales.
Necesita servicios sanitarios.
Necesita empresas, asociaciones, fundaciones y ONG.
Todo eso cuesta dinero.
Por tanto, cuanto mayor sea el sistema, mayor es también el volumen económico que mueve.
Eso no convierte automáticamente a nadie en corrupto.
Pero sí hace imprescindible que exista una transparencia absoluta para evitar que la política migratoria termine creando estructuras económicas cuyo mantenimiento dependa de que el problema nunca termine de solucionarse.
Y ahí resulta legítimo preguntar si todas las decisiones que se toman tienen realmente como prioridad resolver la situación del menor o simplemente gestionar indefinidamente su presencia.
El Gobierno controla las fronteras y la política exterior, pero la factura acaba bajando a las autonomías
También conviene recordar algo bastante elemental.
La política exterior no la lleva Extremadura.
Las relaciones con Marruecos no las dirige María Guardiola.
El control fronterizo tampoco corresponde a la Junta.
La política migratoria nacional la dirige el Gobierno de España.
Pero cuando aparece el problema, la solución que termina proponiéndose consiste en distribuir sus consecuencias entre las comunidades autónomas.
Después llegan los centros.
Después las plazas.
Después las contrataciones.
Después las necesidades extraordinarias de financiación.
Y después la palabra mágica:
solidaridad.
Solidaridad territorial que siempre resulta considerablemente más sencilla cuando quien tomó las decisiones iniciales puede trasladar después una parte de su coste político y económico a otras administraciones.
¿Y Marruecos?
Hay además un actor que parece disfrutar de una extraordinaria capacidad para desaparecer del debate.
Marruecos.
Si existen cientos de expedientes pendientes de respuesta, el Gobierno español debería explicar qué está haciendo Rabat.
España lleva años presentando su relación con Marruecos como estratégica y extraordinariamente buena.
Perfecto.
Entonces debería servir para algo.
Por ejemplo, para conseguir que Marruecos colabore rápidamente en la identificación de menores y familiares.
Para localizar padres.
Para comprobar documentación.
Para determinar procedencias.
Para acelerar expedientes.
Y para hacer posible la reunificación cuando legalmente corresponda.
Porque quizá antes de preguntarnos cuántos menores corresponden a Extremadura habría que preguntarle al Gobierno de Pedro Sánchez:
¿cuántas veces ha exigido formalmente a Marruecos que resuelva los cientos de expedientes pendientes?
Sánchez «Catrina»: mucho nuevo PSOE para terminar diciendo lo de siempre
Y volvemos finalmente a Álvaro Sánchez Cotrina.
El nuevo secretario general prometió reconstrucción.
Autonomía.
Renovación.
Territorio.
Un PSOE extremeño diferente.
Pero esta crisis ofrece una oportunidad perfecta para comprobar si existe realmente ese nuevo partido.
Porque defender Extremadura también significa plantarse ante un Gobierno socialista cuando resulte necesario.
Significa preguntar a Pedro Sánchez por Marruecos.
Significa exigir explicaciones al Ministerio.
Significa preguntar por los expedientes pendientes.
Significa exigir saber cuánto costará todo esto.
Y significa poder decir:
«Antes de repartir menores por España, averigüemos dónde están sus familias y resolvamos individualmente cada caso».
Eso no debería ser de derechas ni de izquierdas.
Debería ser simplemente sentido común.
Mientras tanto, el PSOE extremeño puede seguir indignándose porque Guardiola no acudió a una conferencia.
Pero hay un pequeño problema.
Extremadura no fue y los 25 millones se aprobaron igualmente.
Ceuta recibió la financiación.
El mundo no se acabó.
Y las verdaderas preguntas siguen exactamente donde estaban:
¿Quiénes son esos menores?
¿Dónde están sus familias?
¿Por qué Marruecos no resuelve cientos de expedientes?
¿Por qué el Gobierno español no consigue que lo haga?
¿Cuánto dinero mueve el sistema de acogida y quién lo recibe?
¿Y por qué el PSOE de Sánchez «Catrina» parece mucho más interesado en hablar de Vox que en contestar a todo lo anterior?
Porque quizá ahí esté la verdadera debilidad de las quejas socialistas extremeñas.
Mucho ruido contra Guardiola y muy pocas respuestas sobre el problema que supuestamente pretenden solucionar.
Redacción. A 28 de agosto de 2026.