Extremadura tiene suelo, energía renovable y varios proyectos tecnológicos capaces de movilizar inversiones gigantescas. Justo ahora, cuando la región empieza a tener una oportunidad real de convertir su electricidad en industria y empleo, el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una regulación que permitirá a tres ministerios decidir qué proyectos están suficientemente maduros y cuáles pueden acceder al suministro eléctrico.
Eso es precisamente lo que denuncia la Junta de Extremadura en declaraciones a los medios: la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, anuncia alegaciones al futuro real decreto y advierte de que el Estado pretende tomar decisiones esenciales sin participación de las comunidades autónomas.
«No dejan ningún margen de decisión a los territorios»
La frase de Morán resume perfectamente el problema:
«No dejan ningún margen de decisión a los territorios».
La Junta no se opone a que los centros de datos estén regulados. Lo que denuncia es que Extremadura no ha sido consultada y que Madrid pretende establecer un sistema en el que tres ministerios puedan determinar la madurez de los proyectos y decidir cuáles acceden a la energía.
Y no hablamos de inversiones menores.
Hablamos de una infraestructura que puede convertirse en uno de los pilares económicos de Extremadura durante las próximas décadas.
Los centros de datos necesitan exactamente aquello que Extremadura puede ofrecer en abundancia: suelo y energía renovable.
La propia Junta sostiene que la región disfruta de una posición privilegiada para transformar esa energía en inversión, industria, innovación y empleo.
Y precisamente cuando esa oportunidad empieza a materializarse aparece otra vez Madrid con el correspondiente laberinto administrativo.
Río Caya: hasta 500 MW junto a Badajoz
El mejor ejemplo está en Río Caya, en Badajoz.
Según la información publicada, el proyecto tendría inicialmente alrededor de 150 MW de potencia, con posibilidad de alcanzar posteriormente los 500 MW.
No se encuentra simplemente dibujado sobre un papel.
La Junta lo considera «absolutamente maduro».
Ya se ha firmado la autorización favorable para la línea eléctrica de 220 kV, dispone de autorización ambiental y declaración ambiental favorable y queda pendiente la tramitación de la línea de 400 kV.
¿Y de quién depende precisamente esa parte?
Del Gobierno central.
Ahí empieza a entenderse mucho mejor por qué importa quién controla los expedientes.
Merlin: Navalmoral, 1 GW y otro gran proyecto en Valdecaballeros
Tampoco estamos hablando solamente de Badajoz.
Merlin Properties prepara su proyecto de centro de datos en Navalmoral de la Mata, cuya primera actuación está prevista para el próximo año y que, según la Junta, se encuentra próxima a obtener autorización ambiental favorable.
El proyecto comenzaría con aproximadamente 20 MW, pero la intención a largo plazo es desarrollar un parque de centros de datos de hasta 1 GW.
Y todavía hay más.
La información señala la intención de desarrollar otro proyecto de potencia similar en Valdecaballeros, Badajoz.
Estamos hablando, por tanto, de proyectos capaces de cambiar la dimensión industrial de determinadas zonas de Extremadura.
A ello se suma CCGreen en Cáceres, todavía en una fase menos avanzada pero que podría acelerarse tras desbloquearse la situación del polígono industrial cacereño.
Ese es el verdadero asunto.
No una discusión burocrática entre administraciones.
Extremadura se está jugando inversiones potencialmente multimillonarias.
Y Madrid decide poner tres ministerios en medio
El Gobierno pretende imponer además requisitos energéticos especialmente severos.
Entre ellos figura que el 80% del consumo eléctrico de los centros de datos proceda de fuentes renovables, junto con exigencias adicionales sobre nueva generación y correspondencia entre producción renovable y consumo.
También se contemplan importantes recargos económicos por incumplimiento.
Curiosamente, Extremadura probablemente podría cumplir mejor que muchos territorios buena parte de esos requisitos gracias precisamente a su enorme capacidad renovable.
El problema está en otra parte.
La red eléctrica.
Morán señala que el verdadero cuello de botella se encuentra en una planificación eléctrica que no está evolucionando a la misma velocidad que esta nueva industria.
Es decir, Extremadura dispone de sol, terreno, proyectos e inversores.
Pero después necesita que alguien en Madrid permita conectar todo eso.
Y ahora ese mismo Gobierno quiere incrementar su capacidad para decidir cuáles de esos proyectos continúan.
Según la Junta, para el Gobierno los centros de datos «no son una prioridad»
Hay una frase especialmente preocupante.
Mercedes Morán asegura que, después de las reuniones mantenidas con el Ministerio para la Transición Ecológica y con Red Eléctrica, la percepción de la Junta es que:
«los centros de datos para ellos no son una prioridad».
Para Extremadura deberían ser exactamente lo contrario.
Una región que lleva décadas reclamando industrialización tiene delante una actividad que permite hacer algo extraordinariamente importante: dejar de limitarse a producir energía para exportarla y utilizar esa energía para atraer actividad económica dentro del propio territorio.
No enviar simplemente los electrones fuera.
Utilizarlos aquí.
Crear instalaciones aquí.
Captar inversión aquí.
Generar empleo aquí.
Y desarrollar alrededor de ellas ingeniería, mantenimiento, telecomunicaciones, servicios tecnológicos y nuevas empresas.
Eso sí sería transformar el modelo económico extremeño.
Extremadura no necesita otra criba política desde Madrid
Y ahí aparece inevitablemente la desconfianza hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.
Un Ejecutivo políticamente abrasado por los escándalos que han afectado a personas que ocuparon algunos de los puestos de máxima confianza dentro del PSOE debería ser especialmente cuidadoso a la hora de concentrar todavía más capacidad administrativa sobre inversiones de cientos o miles de millones.
No hace falta acusar a nadie de cobrar una comisión por esta normativa, porque no existe prueba alguna de ello.
El problema es mucho más elemental.
Cuantos más despachos puedan parar un proyecto, más poder político existe sobre ese proyecto.
Más informes.
Más autorizaciones.
Más criterios de «madurez».
Más decisiones sobre capacidad eléctrica.
Más posibilidades de retrasar.
Y, finalmente, alguien tiene que firmar el papel.
Después de todo lo conocido en los últimos años alrededor del poder político, sería bastante más tranquilizador avanzar justamente en la dirección contraria: criterios automáticos, públicos, transparentes y con la mínima discrecionalidad posible.
Extremadura no puede perder otra oportunidad
Durante décadas se ha explicado a los extremeños que faltaba industria porque faltaban determinadas condiciones.
Ahora aparece una industria para la que Extremadura reúne algunas de las mejores condiciones de España.
Tenemos energía renovable.
Tenemos suelo.
Tenemos proyectos en Badajoz, Navalmoral, Valdecaballeros y Cáceres.
Tenemos empresas dispuestas a invertir.
Y podemos estar hablando de varios gigavatios de capacidad futura.
Lo último que necesita la región es descubrir que después de conseguir inversores, terrenos, proyectos y electricidad hay que superar una nueva criba ministerial diseñada en Madrid.
Mercedes Morán lo ha resumido correctamente: regular, sí; quitar a los territorios cualquier margen de decisión, no.
Porque Extremadura ya ha perdido demasiados trenes industriales.
Y sería difícil explicar que ahora que tiene delante uno construido precisamente alrededor de aquello que más posee —energía y territorio— termine viéndolo pasar porque tres ministerios del Gobierno de Sánchez han decidido convertirse en los nuevos guardagujas.
Extremadura necesita que Madrid refuerce la red eléctrica y facilite las inversiones, no que invente nuevas formas de decidir desde un despacho cuáles merecen sobrevivir.