Extremadura recibe 41 veces menos financiación que Cataluña por sus competencias, según Fedea

ONCE EUROS. Eso es, por habitante, lo que le tocó a Extremadura en 2023 en la partida de competencias singulares de la financiación autonómica. Cataluña, en el mismo ejercicio y bajo el mismo epígrafe del Estado, se llevó 450. No hay coma mal puesta ni error de imprenta: cuarenta y una veces más. Quien busque una imagen que resuma cuatro décadas de reparto territorial en España no necesita ir más lejos que esa resta: 439 euros de diferencia, multiplicados por cada vecino de Cataluña, mientras en Mérida se cuentan las monedas.

El dato procede de un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por su director, Ángel de la Fuente, dedicado al coste de las llamadas competencias no homogéneas: aquello que el Estado transfiere a unas comunidades y a otras no, y que rara vez aparece en el debate público porque, como reconoce el propio estudio, resulta «prácticamente invisible» para el ciudadano de a pie. Invisible, convendría matizar, para quien no paga la factura. Para quien la paga, se nota cada vez que un juzgado se colapsa, una prisión se satura o una carretera se queda sin arcén.

Cataluña lideró el reparto de 2023 con 3.563 millones de euros por sus competencias singulares, un índice que multiplica por casi dos veces y media la media de las comunidades de régimen común. Detrás, Cantabria (320 euros por habitante) y La Rioja (318). En el otro extremo de la tabla, la miseria: Castilla-La Mancha, con 8 euros; Castilla y León, con 9; y Extremadura, con 11, la tercera región que menos recibe de toda España por este concepto. Tres comunidades gobernadas hoy, cada una, por un color político distinto, unidas únicamente por la costumbre de recibir las migajas cuando Madrid reparte.

Conviene no dejarse engañar por la etiqueta técnica: «competencias singulares» no es financiación general para sanidad o educación, sino el dinero asociado a funciones muy concretas —policía propia, administración penitenciaria, medios materiales de la Justicia, entre otras— que unas comunidades han asumido y otras no. Pero el argumento de que «no es comparable» tiene un límite, y ese límite es la sospecha, razonable, de que el criterio para decidir quién gestiona qué —y quién cobra por ello— se ha parecido más a la fuerza política de cada territorio en cada momento que a ninguna lógica administrativa serena. Extremadura, que durante casi cuarenta años fue uno de los feudos más fieles del socialismo español, ha comprobado que la fidelidad, en el reparto de fondos singulares, valía exactamente 11 euros al año.

Ese giro histórico —Extremadura pasó a manos del PP en 2023, con María Guardiola al frente de la Junta— tampoco ha aflojado, de momento, la cartera de Moncloa. La presidenta extremeña lo ha dicho sin envolverlo en eufemismos: exige al Gobierno de Pedro Sánchez «financiación justa», rebaja fiscal para la central nuclear de Almaraz e infraestructuras dignas, y sostiene que la región «está pagando un peaje injusto» que «no vamos a aceptar en silencio». Guardiola insiste en que la financiación justa «no es un favor, no es caridad; es un derecho», y recuerda un hecho que en Madrid se prefiere no mirar: sostener sanidad, educación y dependencia cuesta más por habitante en un territorio disperso y envejecido como Extremadura que en comunidades con menos superficie y más densidad de población. El argumento es de sentido común. Que haga falta repetirlo en 2026 dice bastante de quién escucha y quién no.

El PSOE extremeño, fiel al guion de estos casos, ha replicado que el Gobierno central «refuerza» la financiación de Extremadura y de sus ayuntamientos, y ha desviado el foco hacia la propia Junta, a la que acusa de congelar fondos municipales. Es el mismo truco de siempre: cuando los números incomodan, se cambia de números. Pero ni la cifra de Fedea es una interpretación de la Junta de Extremadura, ni el «índice de 243,4» sobre la media nacional que exhibe Cataluña lo ha calculado ningún portavoz del PP: lo ha calculado una fundación de economistas ajena a la refriega, con datos oficiales de 2023. Contra eso, la propaganda de despacho tiene poco que hacer.

Así que, puestos a sacar una lección práctica de la aritmética de Fedea, la lección es esta: si Madrid insiste en tratar a Extremadura como la pariente pobre de la familia autonómica, la Junta de Extremadura debería dejar de esperar sentada la generosidad de un Gobierno que lleva años demostrando que no va a llegar. El Ejecutivo de Guardiola ya ha aprobado para 2026 el presupuesto más alto de la historia de la región, 8.854 millones de euros, con rebajas fiscales incluidas; es la prueba de que, cuando se quiere, se puede gestionar con los recursos propios sin esperar a que Cataluña reciba su cheque y a Extremadura le llegue el vuelto. Si el Estado prefiere seguir subvencionando con generosidad las competencias de quien más ruido hace y con cuentagotas las de quien calla y paga, que sea la propia región, con lo que gestiona, la que decida ampliar servicios y aliviar la carga de sus vecinos, en vez de aguardar indefinidamente un trato igualitario que cuarenta años de lealtad electoral no consiguieron y que tres de gobierno del color contrario, de momento, tampoco.

Redacción. A 30 de agosto de 2026.