El socialismo extremeño en el banquillo de los acusados
La primera sesión del juicio oral que se celebra en la Audiencia Provincial contra David Sánchez Pérez-Castejón ha destapado los engranajes de lo que se presenta como una burda estafa y un caso clamoroso de corrupción socialista. Lo que se vendió en su día como un proceso selectivo limpio para un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz ha resultado ser, según las acusaciones, un auténtico dedazo orquestado desde las más altas esferas del poder socialista para garantizarle un sueldo público a un familiar directo del presidente del Gobierno, en un cargo diseñado a su medida y al que ni siquiera tenía la obligación de asistir presencialmente.
El escándalo político y judicial no solo cerca al hermano del líder del Ejecutivo, sino que arrastra de lleno a toda la cúpula de la institución provincial, con el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, formalmente imputado en la causa, y con una estructura orgánica del partido capitaneada ahora por Manuel Borrego —nuevo secretario general del PSOE de Badajoz tras la salida de Rafael Lemus— que intenta desesperadamente esconder y tapar una red de clientelismo que emana directamente de los hilos movidos por el propio entorno familiar del presidente.
La falsificación del mérito: la homologación «exprés» de unos títulos invisibles
El núcleo del fraude administrativo comenzó a desmoronarse en la sala de vistas cuando el abogado de la asociación Liberum, Alexis Aneas, que ejerce la acusación popular, exigió la entrega inmediata de los diplomas originales en ruso o copias debidamente compulsadas de la formación del investigado. Durante toda la instrucción y el propio concurso de adjudicación en junio de 2017, David Sánchez jamás aportó los títulos originales expedidos por la institución donde supuestamente se formó entre 1998 y 2010: la Institución Federal de Educación Profesional Superior Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov, en la Federación de Rusia.
Para consumar el engaño y asegurarse la máxima puntuación en la baremación frente a los otros 10 aspirantes, se utilizó una maniobra exprés en los despachos ministeriales de Madrid en el año 2010:
- Baremación amañada: El hermano del presidente obtuvo la puntuación máxima de 15 puntos en el apartado de titulación académica gracias a una supuesta cualificación de Profesor Superior de Música en la especialidad de Dirección de Orquesta y Composición.
- El milagro burocrático de 2010: Mientras que cualquier ciudadano español tarda meses o años en convalidar un título universitario de un país de fuera de la Unión Europea —al requerir la intervención fiscalizadora del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Educación—, David Sánchez logró las convalidaciones en días.
- Fechas bajo sospecha: La traducción jurada de su diploma de Composición se emitió el 3 de septiembre de 2010 y el 27 de septiembre de 2010 ya contaba con la firma de homologación del subdirector general de Ordenación Académica, Juan López Martínez. Su segundo título de Dirección de Orquesta se tradujo a inicios de noviembre de ese año y el 23 de noviembre de 2010 ya estaba validado con rango de licenciatura universitaria.
Los expertos jurídicos de las acusaciones sostienen que la ausencia de los documentos originales en el periodo de subsanación de las bases del concurso, publicadas el 19 de mayo de 2017, debió haber supuesto su exclusión fulminante del proceso de selección. Al no hacerse, se facilitó la adjudicación fraudulenta de una plaza pública de alta remuneración a alguien que carecía de los requisitos formales debidamente acreditados.
Absentismo laboral blindado y el fraude de la residencia en Portugal
La estafa de la colocación de David Sánchez no se limitaba únicamente a la obtención ilícita del cargo de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y director de sus agrupaciones musicales. El entramado socialista le diseñó un puesto de trabajo en el que ni siquiera se le exigía acudir de forma presencial a las instalaciones extremeñas.
A este absentismo laboral institucionalizado se le suma una de las aristas fiscales más graves de la trama de corrupción: el impago sistemático de impuestos en España. El investigado mantuvo de forma fraudulenta la ficción legal de que residía de manera habitual en Portugal, un ardid utilizado para evadir sus obligaciones fiscales con la hacienda pública española mientras seguía percibiendo un generoso salario público pagado con los impuestos de los ciudadanos extremeños.
Esta maniobra de ingeniería fiscal ficticia ha sido uno de los pilares de las denuncias que han terminado sentando al músico en el banquillo de los acusados, especialmente en una comunidad como la extremeña, donde un tercio de los trabajadores son funcionarios que pagan religiosamente sus impuestos.
La pregunta es qué ocurriría si se permitiese a cualquiera falsear su residencia fiscal para no pagar impuestos en España, empadronándose ficticiamente en la cercana Portugal.
Una Diputación al servicio del clan familiar
Las funciones esenciales del cargo con el que se le agració incluían la dirección de la orquesta sinfónica, la banda sinfónica y la orquesta de cámara de la provincia, tareas de altísima responsabilidad que contrastan radicalmente con la nula actividad presencial del procesado. Toda la operación de adjudicación exprés del puesto se ejecutó bajo el mandato de una diputación controlada de forma férrea por los dirigentes del PSOE, con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza del entramado provincial.
El relevo en el control del partido a nivel local, con la entrada de los nuevos peones de la dirección general socialista, busca levantar un muro de contención mediático y judicial para evitar que el proceso esclarezca la realidad del caso: que la plaza de alta dirección fue un traje legal confeccionado a medida para beneficiar económicamente al hermano del presidente del Gobierno.
En este contexto, el nuevo líder del socialismo extremeño Sánchez Cotrina lidera un proyecto políticamente muerto, hasta el punto de que ya le apodan “Sánchez Catrina”, en referencia a la figura mexicana asociada a la muerte, como símbolo del vacío de poder y de la descomposición interna de la formación
La petición formal de la acusación para rastrear las solicitudes de homologación originales del año 2010 busca certificar judicialmente la existencia de un trato de favor político continuado en el tiempo, desmontando la coartada de un proceso de selección limpio y evidenciando un delito de corrupción institucional generalizada.
