El Partido Popular y Vox por fin gobiernan en Extremadura
El pacto de Gobierno da un giro estratégico en fiscalidad, migración y energía
El acuerdo alcanzado para la formación del nuevo Gobierno de Extremadura marca una hoja de ruta disruptiva que busca transformar los pilares económicos, sociales y administrativos de la región. El documento, que sienta las bases de la coalición entre PP y Vox, se vertebra sobre un compromiso firme de rebajas fiscales masivas, un control estricto de la inmigración ilegal y la defensa de sectores estratégicos como la energía nuclear y el regadío agrícola.
Firmeza ante la inmigración ilegal y seguridad pública
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la postura frontal contra la inmigración ilegal. La Junta de Extremadura se ha comprometido a oponerse, utilizando todos los medios legales, jurídicos y políticos a su alcance, a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales dentro del territorio extremeño, afectando tanto a personas mayores como a menores de edad.
En este sentido, el Ejecutivo trabajará activamente para la devolución de menores no acompañados a sus países de origen. Para garantizar la seguridad jurídica y administrativa, se habilitará una partida presupuestaria específica destinada a realizar pruebas de determinación de edad. Complementariamente, el acuerdo prohíbe explícitamente el uso del burka y el niqab en espacios públicos y suprime cualquier subvención a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal.
En materia de seguridad ciudadana, el plan incluye:
- Defensa del desalojo exprés frente a la ocupación ilegal.
- Refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación con apoyo habitacional y social.
- Exigencia de un periodo mínimo de 10 años de empadronamiento y vinculación territorial para acceder a ayudas públicas.
Revolución fiscal: Rebajas en el IRPF y Sucesiones
El nuevo Gobierno regional apuesta por una política de alivio fiscal inmediata para dinamizar el consumo y la inversión. El eje central es una bajada progresiva del IRPF de 0,25 puntos en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica durante los dos primeros años de legislatura. El objetivo final es alcanzar tipos del 7% y el 9% respectivamente al cierre del mandato.
Además, el marco fiscal se verá modificado por:
- Ampliación de la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para el grado III de parentesco.
- Recuperación de bonificaciones en tasas de la ITV, licencias de caza y certificaciones de obras.
- Reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados al 0,5% para la compra de vivienda habitual de menos de 200.000 euros.
- Bajada del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 3% en casos específicos.
Impulso a la vivienda y el mundo rural
El acceso a la vivienda se convierte en una prioridad mediante la reforma de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura. El plan contempla la construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) antes de finalizar la legislatura. Para acceder a la compra de estas viviendas, se exigirá un empadronamiento mínimo de 10 años, mientras que para el alquiler social el requisito será de 5 años.
En el ámbito agrario, el proyecto de regadío de Tierra de Barros se declara como una actuación «irrenunciable y urgente». El Gobierno explorará todas las vías de financiación (públicas, privadas, regionales, nacionales y europeas) para su ejecución. Asimismo, se plantea una reforma de la Ley Agraria de Extremadura y la revisión de los límites de las zonas ZEPA y LIC para evitar que las normativas ambientales arruinen al sector primario.
Defensa de la energía nuclear y el patrimonio
El acuerdo es tajante respecto a la Central Nuclear de Almaraz. Se rebajará un 30% anual la ecotasa autonómica que grava a la planta con el fin de eliminarla completamente antes del fin de la legislatura, buscando evitar su cierre definitivo. En paralelo, el Ejecutivo empleará todos los medios administrativos necesarios para frenar la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos que perjudiquen la actividad tradicional.
En el plano cultural, destaca la «promoción de la concordia» y la protección del patrimonio histórico. Un punto simbólico relevante es la declaración de la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural, protegiéndola de las normativas ideológicas que pretendían su retirada.
Sanidad, Educación y recortes en «gasto improductivo»
El plan sanitario cuenta con una dotación de 500 millones de euros anuales. Se centrará en campañas quirúrgicas extraordinarias para reducir listas de espera y la contratación de 1.500 profesionales. También se buscará la equiparación salarial entre trabajadores del Sepad y del SES.
En educación y familia:
- Homologación salarial progresiva para docentes extremeños respecto a la media nacional.
- Gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
- Deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hasta 1.200 euros por el tercer hijo.
- Rechazo a programas de adoctrinamiento en las aulas.
Finalmente, el Gobierno ejecutará un recorte drástico del 50% en las subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas calificadas como «sin utilidad pública», además de reducir al mínimo legal las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo.
