Álvaro Sánchez Cotrina cumple sus primeros cien días como secretario general del PSOE de Extremadura casi al mismo tiempo que el Gobierno de María Guardiola cumple los suyos al frente de la Junta. La coincidencia de calendario le ha servido al dirigente cacereño para hacer doble balance: el de la gestión autonómica de PP y Vox y el de sus propias propuestas como oposición.
Cotrina definió el periodo, en declaraciones realizadas el viernes, como «cien días de postureo, cien días de frivolidad política y cien días de recorrer los pasillos de la Presidencia de la Junta de Extremadura con la sonrisa como respuesta política». Frente a esa imagen, situó la falta de médicos en los pueblos, las dificultades para acceder a una vivienda y los retrasos del sistema de dependencia.
El líder socialista sostiene que Extremadura «no puede gobernarse con frivolidad» ni «mediante vídeos en TikTok», sino «desde la seriedad, el rigor y la empatía». También recordó las reclamaciones del profesorado para lograr la homologación salarial prometida durante la campaña electoral.
La sanidad ocupó buena parte de su intervención: denunció que numerosos consultorios locales se quedan sin médico durante el verano y criticó que la Junta no atendiera la propuesta socialista de reforzar la atención primaria en los meses estivales. Cifró, además, en torno a 800 las personas fallecidas en Extremadura en lo que va de año mientras esperaban recibir la atención o la prestación de dependencia que les correspondía.
En materia de vivienda censuró la intención del Gobierno regional de recurrir el Plan Estatal de Vivienda, dotado con 210 millones de euros, y advirtió de que la actividad del Ejecutivo en redes sociales «no sustituye» a las políticas dirigidas a facilitar la emancipación de los jóvenes. Acusó también al tándem PP-Vox de ser «más caro» que el Gobierno anterior por el incremento de cargos y puestos de libre designación, y reprochó a Guardiola que rechazara las siete propuestas de acuerdo que el PSOE planteó en sanidad, educación, política municipal, industria y diálogo social.
Cotrina criticó igualmente la falta de ejecución de una parte importante de los fondos destinados a la prevención de incendios, la respuesta de la Junta ante los daños sufridos por los agricultores y la influencia de Vox en las políticas de igualdad y derechos LGTBI. Pidió «altura de miras» ante el reparto de menores migrantes y reclamó mayor colaboración institucional. No todo fueron reproches: reconoció como aciertos del Gobierno el envío de medios del Infoex a otras comunidades autónomas y la concesión de las Medallas de Extremadura a Pedro Porro y José María Núñez.
HAY BALANCES QUE SE HACEN CON LA CALCULADORA Y OTROS QUE SE HACEN CON EL ESPEJO, y conviene no confundirlos. Siete propuestas rechazadas, ochocientas muertes en listas de espera de la dependencia, doscientos diez millones de un plan de vivienda que la Junta quiere recurrir: la aritmética de Cotrina es abundante y, seguramente, cierta en sus partidas. Pero el balance político no se agota en la suma; exige también preguntarse qué papel juega, en esa cuenta, quien la firma.
Y ahí conviene recordar algo que las cifras del viernes no incluyen: fue precisamente el proyecto que hoy fiscaliza a Guardiola el que los extremeños apartaron del Gobierno en 2023, después de casi cuatro décadas de gestión socialista prácticamente ininterrumpida en la región. Que el PSOE regrese ahora, desde la oposición, a explicarle a la ciudadanía en qué se equivoca el nuevo Ejecutivo tiene un problema de partida: fue esa misma ciudadanía la que decidió, en las urnas, retirarle la confianza a la gestión que Cotrina representa.
Ese papel se complica todavía más si se mira a las instituciones que el propio PSOE sí gobierna. La Diputación de Badajoz, en manos socialistas de forma prácticamente ininterrumpida, arrastra desde el pasado 14 de julio una sentencia de la Audiencia Provincial que condena a once personas por prevaricación administrativa: el expresidente de la corporación, Miguel Ángel Gallardo, a dieciocho años de inhabilitación; el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como cooperador necesario, a nueve; y otros nueve cargos y funcionarios, a nueve años cada uno, por fabricar una plaza a medida para este último en los conservatorios de música de la institución. Dos de los condenados continúan, mientras se resuelven los recursos, en sus puestos de siempre.
De ahí, probablemente, el mote que ya le persigue entre sus críticos: le llaman «la Catrina», la elegante calavera mexicana que José Guadalupe Posada vistió de gala para recordar que bajo el sombrero de plumas y el vestido de gran señora no hay más que hueso. Juego fácil con el apellido, sí, pero también imagen precisa: mientras acusa al Gobierno de Guardiola de vestir de sonrisas un proyecto sin contenido, sus propios adversarios sostienen que el suyo —el de un partido que ha perdido la Junta, buena parte del respaldo electoral, la costumbre de gobernar la región y, a juzgar por la sentencia de julio, también la ejemplaridad en las instituciones que todavía conserva— viste sus cien días de discurso solemne sin que debajo quede gran cosa de vida.
Fiscalizar exige autoridad, y la autoridad no se hereda del cargo: se gana en las urnas y se sostiene con hechos propios ejemplares. Cotrina puede tener razón en cada consultorio sin médico y en cada solicitud de dependencia sin resolver —probablemente la tenga—, pero mientras su propio partido tenga condenados por prevaricación en nómina y no explique por qué su proyecto sigue vestido de calavera elegante, cada balance de gestión ajena que audite sonará, también, a un ejercicio de necromancia electoral: resucitar, a fuerza de indignación, un proyecto que Extremadura ya dio por enterrado en las urnas y que sus propias instituciones no han terminado de sacar de los tribunales.
Redacción. A 1 de agosto de 2026.