«Misión cumplida». En plena ola de calor, a las puertas de las vacaciones y con siete meses del ejercicio ya consumidos, el PP y Vox dieron luz verde definitiva el miércoles a las cuentas autonómicas de 2026, con 40 votos a favor y los 25 en contra de PSOE y Unidas por Extremadura. Nunca antes Extremadura había cerrado un curso político aprobando los presupuestos de la Junta. Y nunca antes, tampoco, ese presupuesto había salido adelante sin incorporar una sola enmienda de la oposición.
La votación pone fin al largo proceso político abierto por el fracaso del anterior proyecto presupuestario, el que llevó a María Guardiola a adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre de 2025. El debate que desencadenó aquella convocatoria anticipada cierra ahora el curso parlamentario, aunque con una vigencia excepcionalmente corta y sin margen para las propuestas de PSOE o Unidas por Extremadura. El presupuesto de 2026 certifica así la mayoría parlamentaria de la coalición y, de paso, la distancia que la separa de los dos grupos de la izquierda.
«El objetivo está conseguido. Tenemos los primeros presupuestos de esta legislatura, los presupuestos más altos y los mejores que ha tenido Extremadura en su historia», ha afirmado tras el pleno la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ha defendido que las enmiendas de la oposición fueron «estudiadas y analizadas», aunque ninguna mejorara las cuentas: todas contenían, según ha explicado, algún aspecto que impedía aceptarlas, bien porque afectaban a gastos ya planificados por el Gobierno, bien porque las nuevas partidas no se consideraban oportunas.
8.854 millones y un pacto que por fin se ejecuta
Las cuentas ascienden a 8.854 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la región. Pero más allá del volumen, dan a PP y Vox el instrumento económico con el que desplegar su acuerdo de gobierno. «Por fin se empieza a dar cumplimiento a todas esas medidas que vienen reflejadas en ese pacto», ha señalado el vicepresidente y consejero de Vox, Óscar Fernández, para quien la primera premisa del acuerdo es «dar estabilidad a esta región a través de estos primeros presupuestos».
El PP presenta el presupuesto como un nuevo impulso a la transformación iniciada en 2023: refuerzo de los servicios públicos, apoyo a las empresas, creación de empleo, atracción de inversiones y una política fiscal dirigida a reducir la carga sobre familias y autónomos, con una reducción del tramo autonómico del IRPF y una ampliación de los beneficios en el impuesto de sucesiones y donaciones a las herencias entre tíos y sobrinos, además de mantener las bonificaciones ya vigentes. Vox, por su parte, destaca el aumento de recursos para las familias, la natalidad, el campo, la tauromaquia y la caza, junto a la reducción de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales, cooperación internacional y entidades dedicadas a la atención a migrantes. «Nunca le ha temblado el pulso para eliminar gasto superfluo», ha resumido antes del pleno el consejero Óscar Fernández Calle.
El presupuesto no recoge de forma expresa, eso sí, una de las medidas más polémicas del pacto entre ambos socios: el principio de prioridad nacional para acceder a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Y de las 36 enmiendas ya incorporadas al dictamen en la Comisión de Hacienda, tampoco se desprende una desaparición completa de todos los programas que la formación de Santiago Abascal había situado entre sus objetivos.
Lo que dice cada uno
El repaso de reacciones deja frases para el titular. «María Guardiola ha hecho en seis meses lo que Pedro Sánchez no ha sido capaz de hacer en cuatro años», ha resumido el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá. Desde Vox, la diputada Inés Checa ha preferido hablar de mandato cumplido: «Los extremeños pidieron el doble de Vox y hemos aprobado unos presupuestos que llevan nuestro sello y que priorizan sus necesidades e intereses». La oposición, previsiblemente, ha leído las mismas cuentas al revés. Para la socialista Isabel Gil Rosiña es «el presupuesto más ultra y radical de la historia democrática de Extremadura, y el único que no ha aceptado ni una sola enmienda de la oposición». José Antonio González Frutos, de Unidas por Extremadura, ha ido más allá: «El farol se ha consumado: estos presupuestos no se van a ejecutar y tienen una función meramente propagandística».
RADICAL Y ULTRA. Esa es la etiqueta que la portavoz socialista le pone a un presupuesto que baja el IRPF, amplía la bonificación de herencias entre tíos y sobrinos y sube el gasto en natalidad y guarderías. Leyendo el dictamen en busca de la parte extremista, solo se encuentra eso: rebajas fiscales, caza y tauromaquia. Parece que «ultra» ha dejado de significar lo que dice el diccionario para significar, sencillamente, «gobierno en el que no estoy yo».
Que a la portavoz del PSOE le moleste compartir hemiciclo con Vox se entiende. Lo que ya cuesta más de tragar es con qué autoridad moral lo dice, militando en el mismo partido que en el Congreso de los Diputados necesita, legislatura tras legislatura, los votos de EH Bildu para sacar adelante sus propios presupuestos. Y no de cualquier Bildu: el que durante años dirigió Arnaldo Otegi, condenado en el pasado por su vinculación con ETA antes de reinventarse en estadista de gira por Bruselas; el que en sus últimas citas electorales ha llevado en sus listas, para escándalo documentado de las asociaciones de víctimas del terrorismo, a personas con condenas por delitos ligados a ETA; el que sigue reclamando, sin disimulo, la independencia de una parte de España. A ese sí se le puede llamar radical con propiedad. Y a ese es al que Pedro Sánchez necesita para dormir tranquilo en la Moncloa, no a los diputados del PSOE y de Unidas que hoy protestan desde sus escaños en la Asamblea de Extremadura, donde al menos los socios incómodos votan a la luz del día y ponen la cara al aprobar guarderías y rebajas fiscales.
Redacción. A 30 de julio de 2026.