Cotrina y su silencio cómplice ante la semilibertad de asesinos condenados
El líder de los socialistas extremeños evita referirse a su “jefe”, el presidente Sánchez, por todo lo que le rodea, mientras se dedica a criticar a los demás sin reparar en quién lo colocó en su cargo.
A Cotrina ya empiezan a apodarlo la «Catrina» socialista, en una referencia satírica a la icónica figura mexicana vinculada a la muerte. El sobrenombre simboliza, para muchos, un proyecto político moralmente amortizado: un socialismo que guarda silencio ante la liberación de quienes arrebataron la vida a sus propios paisanos, con el único objetivo de sostener a un presidente cercado por los casos de corrupción y dependiente de los herederos políticos de la banda terrorista.
El gobierno vasco socio del PSOE saca del cárcel al asesino del niño Fabio Moreno
La política penitenciaria del País Vasco ha provocado una profunda herida en la sensibilidad de la sociedad extremeña. El Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Imanol Pradales, ha formalizado la concesión del tercer grado a dos de los miembros más sanguinarios de la organización terrorista ETA: Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea. Esta decisión, confirmada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), sitúa en régimen de semilibertad a figuras con historiales delictivos que superan el millar de años de condena.
La huella del terror de ETA en Extremadura: Una deuda de sangre
La indignación por estos beneficios penitenciarios resuena con especial fuerza en Extremadura, una de las regiones que más intensamente sufrió el zarpazo del terrorismo. Aunque la banda operaba principalmente en el norte, la procedencia de las víctimas revela una diáspora de dolor que afecta directamente a los hogares extremeños. Se estima que más de 50 extremeños (o personas con raíces directas en la región) fueron asesinados por ETA a lo largo de su actividad criminal. Entre los nombres que la memoria extremeña se niega a olvidar destacan:
- Juan Manuel Piñuel Villalón: Nacido en Melilla pero de familia profundamente vinculada a Extremadura, asesinado en el atentado contra la casa cuartel de Legutiano el 14 de mayo de 2008.
- Manuel Fuentes Pedreira: Natural de Casar de Palomero (Cáceres), asesinado en Arrigorriaga el 14 de octubre de 1983.
- Antonio Frutos Sualdea: Guardia civil nacido en Cáceres, asesinado en San Sebastián en 1976.
- Diego Torrente Reverte: Policía nacional natural de Badajoz, asesinado en Pamplona el 7 de junio de 1984.
- Dionisio Rey Amez: Guardia civil nacido en Cáceres, asesinado en un atentado en Lemona en 1980.
Estas cifras y nombres representan la realidad de una región que ha visto cómo sus hijos, muchos de ellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eran el objetivo prioritario de comandos como el que dirigía ‘Gadafi’. El sentimiento de injusticia en localidades como Badajoz, Cáceres o Mérida es palpable ante lo que las asociaciones de víctimas consideran una «gestión fraudulenta» de las competencias de prisiones.
Críticas al socialismo extremeño por la alianza con los herederos de la banda
La indignación en la región no solo se dirige hacia las instituciones vascas. En el ámbito político extremeño, el malestar se traslada a los representantes del PSOE. El socialista Cotrina, miembro de las estructuras que sostienen al gobierno nacional, se enfrenta a una dura presión social en Extremadura. Las críticas subrayan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez camina «de la mano» de Bildu, formación considerada heredera del brazo político de ETA.
Desde sectores de la oposición y asociaciones de víctimas en la región, se recrimina que el socialismo local mantenga un silencio cómplice ante estos beneficios penitenciarios para asegurar la estabilidad parlamentaria en el Congreso. Esta situación se produce en un momento de debilidad para el Gobierno, que acaba de recibir una orden de la cámara para presentar de forma inmediata los Presupuestos Generales del Estado de 2026, tras acumular tres prórrogas consecutivas desde 2023. Mientras el ministro Carlos Cuerpo trata de gestionar la anomalía institucional de las cuentas, el «peaje político» de los terceros grados sigue desgarrando la memoria de las víctimas extremeñas.
