El cierre de Almaraz: estocada socialista para Extremadura
Bajo la sombra de los constantes escándalos de corrupción que salpican al ejecutivo de Pedro Sánchez y a la estructura del PSOE en Extremadura, la gestión energética se percibe como una herramienta de castigo regional.
En este clima de tensión, el nombramiento de Miguel Ángel Cotrina como nuevo secretario general se presenta como un movimiento estratégico clave; Cotrina asume el cargo con la promesa firme de articular una ofensiva política y legal que impida que el Gobierno central consume el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.
Esta resistencia surge frente a una administración nacional que ha utilizado instituciones como la CNMC de forma partidista, recordando el polémico nombramiento de consejeros en pleno confinamiento, quienes ahora, tras cobrar sueldos públicos superiores a los 100.000 euros, abandonan sus puestos en menos de tres meses, dejando tras de sí informes que buscan justificar el desmantelamiento de la soberanía energética extremeña.
Maniobras administrativas: el expediente de la CNMC como pretexto
En una maniobra que expertos del sector califican de «oportunista», la CNMC ha abierto recientemente un expediente sancionador calificado como muy grave contra la central de Almaraz.
Este procedimiento, basado únicamente en posibles indicios de infracción relacionados con la disponibilidad del sistema eléctrico durante el pasado apagón, parece responder más a una necesidad de «quedar bien» con el poder político que les nombró que a una realidad técnica contrastada.
No hay que olvidar que el nombramiento de los miembros de la comisión tuvo lugar en pleno confinamiento, en junio de 2020, y que en junio de este año, en menos de tres meses, deberán cesar obligatoriamente en sus cargos, junto con sus correspondientes retribuciones, encontrándose actualmente en la búsqueda de su próximo puesto en alguna comisión o ministerio, previsiblemente acompañado de una retribución elevada.
La apertura de este expediente, que contempla multas de hasta 60 millones de euros, proporciona al Gobierno la coartada administrativa necesaria para cuestionar la fiabilidad de la planta. De este modo, en el momento de decidir sobre la continuidad de los reactores, el Ejecutivo podrá esgrimir estos indicios —aún no probados— para justificar un cierre que ya estaba decidido de antemano por motivos ideológicos.
El impacto laboral: El fin de miles de empleos especializados
La Central Nuclear de Almaraz (CNA) no es solo una planta de generación; es el principal motor de empleo de alta cualificación en el norte de Extremadura. Actualmente, la instalación genera cerca de 2.900 empleos, divididos entre 800 puestos directos y más de 2.000 indirectos e inducidos. El cierre definitivo, previsto para sus dos reactores entre 2027 y 2028, supondría la destrucción inmediata de este tejido laboral fundamental para la supervivencia de la comarca.
- Un 93% de las empresas auxiliares de la zona son microempresas con menos de 10 empleados, lo que las hace extremadamente vulnerables ante la pérdida de su principal y, a veces, único cliente.
- Se estima que 19 empresas de la región se encuentran en riesgo inminente de desaparición total por su alta dependencia de la actividad de la central.
- El empleo perdido no será fácilmente sustituible: los perfiles técnicos de la planta gozan de salarios y capacidad de consumo que sostienen el comercio local de municipios como Navalmoral de la Mata y Almaraz.
La asfixia fiscal de las arcas municipales y regionales
El impacto económico se extiende de forma directa a las administraciones públicas, que verían mermada su capacidad de acción. La Central de Almaraz contribuye anualmente con 435 millones de euros en concepto de tasas y tributos. De esta cifra, un 19% (82 millones de euros) se queda en la comunidad autónoma de Extremadura, mientras que un 3% (12 millones de euros) se reparte entre los municipios del entorno.
En el caso específico del Ayuntamiento de Almaraz, los impuestos directos derivados de la central representan el 48% de sus ingresos totales. Con un presupuesto municipal de 9,8 millones de euros, la localidad ostenta una capacidad de inversión y servicios públicos muy superior a la media provincial, con un gasto por habitante de 6.075 euros, frente a los exiguos 445 euros de la media en la Diputación. El fin de la actividad nuclear supondría una pérdida superior al 55% de los ingresos municipales, dejando a estos ayuntamientos en una situación de quiebra técnica para mantener sus servicios esenciales.
El fantasma de la despoblación y el invierno demográfico
Extremadura lucha históricamente contra la sangría poblacional, y la Central de Almaraz ha sido, hasta ahora, un dique de contención vital. El 43% de la población de la zona tiene menos de 40 años, una cifra impulsada por la estabilidad laboral y los proyectos de vida que permite la planta. La clausura forzará la migración de familias jóvenes con alto poder adquisitivo hacia otras regiones o países vecinos como Francia, donde la apuesta por la energía nuclear garantiza estabilidad a largo plazo.
El envejecimiento acelerado de la comarca no es una suposición, sino una proyección estadística alarmante: se prevé que la población activa disminuya en un 36% tras el cierre. Los municipios más pequeños de la zona de influencia podrían enfrentarse a su desaparición real al perder el relevo generacional y el dinamismo económico que permite la apertura de colegios, centros de salud y negocios locales.
Seguridad energética y costes: El riesgo para el consumidor
Más allá de las fronteras extremeñas, el cierre de Almaraz plantea dudas críticas sobre la soberanía energética de España. La central ha producido históricamente 540.545 millones de kWh, lo que equivale a suministrar energía a todos los hogares de España durante más de 7 años, o a todos los hogares de Extremadura durante más de 312 años.
Expertos del sector señalan que prescindir de esta fuente de energía de base, que opera de forma constante independientemente de las condiciones meteorológicas, obligará a una mayor dependencia de las importaciones de gas y de tecnologías más caras para cubrir los picos de demanda. Las proyecciones indican que el coste de los servicios de ajuste del sistema eléctrico podría dispararse, repercutiendo directamente en la factura de ciudadanos y PYMES en un momento de especial fragilidad económica.
En Extremadura, el sentimiento de rechazo es abrumador: 8 de cada 10 extremeños se oponen al cierre, una postura que refleja el temor de una región que se siente sacrificada por intereses políticos ajenos a su realidad territorial y económica.
