QUIEN NADA TIENE QUE OCULTAR no necesita que un juzgado se lo ordene tres veces. Ha hecho falta una petición ignorada, una resolución de un organismo nacional desobedecida y, al final, una sentencia firme para que el Ayuntamiento de Badajoz se disponga a contar en qué se gastan los casi 300.000 euros anuales que destina al funcionamiento de los grupos políticos municipales. El episodio, que cualquier gabinete de prensa querría vender como un simple trámite administrativo, retrata en realidad año y medio de silencio bien administrado.
La cifra por sí sola ya invita a preguntar. El consistorio pacense destina 298.000 euros al año a las asignaciones de los grupos políticos municipales; al término de la legislatura, la partida rozará los 1,2 millones de euros. El concejal no adscrito Carlos Pérez, que llegó a la corporación en las listas de Vox antes de desvincularse del partido, quiso saber en qué se traduce exactamente ese dinero público y si existe algún control sobre su destino. Ahí empezó el vía crucis.
El 13 de febrero de 2025, Pérez solicitó por escrito la documentación contable y la justificación de los gastos de los grupos. El Ayuntamiento, sencillamente, no respondió. Ante el silencio, el concejal acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo estatal cuyas resoluciones son vinculantes, que en mayo ordenó al consistorio facilitar la información solicitada. El gobierno municipal ni siquiera recurrió esa resolución. Tampoco la cumplió. El mensaje, leído entre líneas, resultaba difícil de disimular: ni con una orden nacional de por medio.
Convencido de que no solo le asistía la razón sino el derecho de cualquier ciudadano a fiscalizar el destino de fondos públicos, Pérez llevó el caso a los tribunales. El Ayuntamiento, lejos de allanarse, decidió litigar: alegó que el derecho a la información no es ilimitado, que existían restricciones, que la petición suponía «exceso o abuso», y que buena parte de lo reclamado correspondía a mandatos en los que el propio Pérez ni siquiera era concejal —como si el control del dinero público caducara con cada cambio de legislatura—. Ninguno de esos argumentos convenció a la jueza, que consideró que el consistorio hacía «una interpretación excesivamente restrictiva» del derecho del concejal a obtener información.
La sentencia, con fecha de 19 de junio y firme desde el 1 de septiembre —el Ayuntamiento tampoco la recurrió—, obliga a entregar la documentación correspondiente al periodo 2019-2024, anonimizando en su caso los datos personales, y condena en costas al consistorio con 800 euros. Tiene ahora dos meses para cumplirla.
La respuesta institucional, previsible, ha sido un comunicado que defiende que el Ayuntamiento «cumple escrupulosamente la legalidad» y que la gestión de esos fondos corresponde a cada grupo. Puede que sea verdad, en el sentido más literal y menos convincente de la frase: no ha hecho falta infringir ninguna ley para pasarse año y medio sin responder una carta, ignorar a un organismo nacional y perder un pleito. Ha bastado con quedarse quieto y esperar a que se cansara el que preguntaba. La diferencia esta vez es que no se ha cansado, y ahora hay una jueza que lo ha puesto por escrito.
Redacción. A 4 de septiembre de 2026.