La Junta de Extremadura solicita pruebas de edad de MENAs
La gestión de la acogida de menores extranjeros no acompañados ha dado un giro estratégico en la región. El consejero de Desregulación y Servicios Sociales ha anunciado la firme intención del Ejecutivo autonómico de recurrir a la vía judicial para oponerse a los nuevos repartos de menores planteados por el Gobierno central.
Como medida inmediata, la administración regional ha solicitado formalmente autorización a la Fiscalía para llevar a cabo pruebas médicas de determinación de edad a aquellos jóvenes sobre los que existan dudas razones sobre su minoría de edad.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el sentido común dentro del sistema autonómico de protección, el cual, según los responsables del área, se encuentra actualmente al límite de su capacidad. En caso de que las pruebas determinen que un individuo supera los 18 años, este dejaría de ser atendido por el sistema de protección de menores de forma inmediata.
La mitad de las pruebas de edad a menores extranjeros revela su mayoría de edad en Extremadura
Casi la mitad de las pruebas de determinación de edad que se han realizado en Extremadura a menores migrantes no acompañados en el último año revela que en realidad son adultos. Según los datos oficiales, durante el año 2024 los fiscales delegados de extranjería tramitaron un total de 129 expedientes. De esa cifra global, un impacto del 50% de los casos analizados concluyó de manera fehaciente que la persona en cuestión era mayor de edad, lo que altera significativamente el escenario de la gestión de los recursos de acogida en la región.
El balance pormenorizado de los expedientes tramitados ofrece la siguiente radiografía estadística:
- 64 expedientes concluyeron de forma inequívoca que la persona era en realidad adulta.
- 24 expedientes ratificaron la minoría de edad de los migrantes evaluados.
- 41 expedientes restantes quedaron archivados, bien por renuncias expresas a continuar con el procedimiento o bien por abandonos voluntarios del centro de acogida.
Este panorama estadístico adquiere una relevancia de primer orden tras conocerse las últimas decisiones políticas del Ejecutivo autonómico. La Junta de Extremadura, a través de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, ha anunciado formalmente que solicitará a la Fiscalía la autorización pertinente para realizar pruebas de determinación de edad a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en el sistema de protección regional. Estas diligencias médicas no se ejecutarán de forma generalizada ni arbitraria, sino que se aplicarán de manera quirúrgica en aquellos casos específicos donde existan dudas razonables sobre la autenticidad de la documentación aportada o la edad real declarada por el individuo. El procedimiento técnico y legal cuenta con una estrecha coordinación entre los fiscales delegados de extranjería, las brigadas provinciales, los institutos de medicina legal y los hospitales del Servicio Extremeño de Salud, instalaciones donde se practican las pruebas médicas necesarias.
El colapso del sistema de acogida y la estrategia judicial de la Junta
El debate sobre la gestión de los menores extranjeros no acompañados ha dado un giro estratégico definitivo en la comunidad autónoma. El consejero de Desregulación y Servicios Sociales ha anunciado la firme intención del Gobierno regional de recurrir de inmediato a la vía judicial para oponerse de forma contundente a los nuevos repartos de menores planteados de manera unilateral por el Gobierno central.
La administración autonómica fundamenta esta postura en la necesidad imperiosa de garantizar la seguridad jurídica y el sentido común dentro de un sistema regional de protección que los responsables del área describen como totalmente al límite de sus capacidades operativas y logísticas.
La posición del Ejecutivo extremeño es clara: si las pruebas médicas solicitadas a la Fiscalía determinan que un individuo supera los 18 años, este dejará de ser atendido por el sistema de protección de menores de forma inmediata, liberando unos recursos públicos que se consideran indispensables para los verdaderos menores de edad.
Un sistema de acogida al límite de su capacidad
La argumentación del Ejecutivo regional se centra en la saturación de los recursos disponibles. Desde la Consejería de Servicios Sociales, Infancia y Familia se ha señalado que la medida no se plantea de forma generalizada ni indiscriminada, sino estrictamente para aquellos casos en los que no existan garantías fehacientes sobre la edad del afectado, ya sea por una total falta de documentación o por la presencia de dudas razonables en los expedientes.
El objetivo prioritario es determinar con exactitud quién es realmente menor de edad para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de acogida. El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha manifestado que la iniciativa busca proteger el sistema de lo que califica como políticas del Gobierno central de Pedro Sánchez que, a su juicio, fomentan una inmigración ilegal y masiva. Los datos actuales reflejan la dimensión del reto de gestión en la comunidad:
- Actualmente hay 104 niños extranjeros dentro del sistema de acogida de la región.
- El coste mensual de una plaza de acogida para estos menores asciende a 7.100 euros al mes.
- En lo que va de año se han detectado 8 casos de adultos que se habían declarado menores, mientras que en los dos ejercicios anteriores la cifra combinada superó los 30 casos.
Los menores se encuentran actualmente distribuidos en centros específicos de acogida y en viviendas repartidas por varias localidades de la comunidad autónoma, como el municipio de Caminomorisco.
Procedimiento médico y competencias
El proceso para la realización de estas pruebas médicas no depende directamente de la Fiscalía de Menores, sino que corresponde a la administración autonómica mantener un contacto permanente con dicho órgano debido a las competencias compartidas. En el momento en que se reciba la autorización pertinente, será el Servicio Extremeño de Salud el encargado de efectuar los exámenes médicos necesarios.
Estas medidas se enmarcan dentro de los compromisos adquiridos en los pactos de gobierno regionales entre el PP y Vox, donde se establece la oposición por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. Asimismo, el consejero ha anunciado que se acudirá a los tribunales mediante recursos contencioso-administrativos para paralizar la llegada de más traslados a un sistema de acogida que consideran colapsado, cuestionando el real decreto estatal vigente desde julio del año pasado que regula dicha asignación de plazas.
Reacciones políticas y el trasfondo de la oposición socialista
La iniciativa ha generado una inmediata reacción en el panorama político regional. Desde las filas del PSOE, su portavoz parlamentario, Manuel González Andrade, ha exigido una postura clara a la presidenta de la Junta, María Guardiola, reclamando que se defina ante la estrategia anunciada por su vicepresidente. Los socialistas han criticado con dureza los argumentos utilizados, afirmando que las declaraciones de Vox emanan racismo y xenofobia, y que representan un señalamiento hacia personas vulnerables, además de criminalizar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional.
Sin embargo, desde el entorno del Ejecutivo y diversos sectores de la coalición gubernamental se interpreta esta agresiva respuesta de la oposición como una maniobra de distracción.
Se señala que las quejas y el tono elevado de los socialistas en el parlamento autonómico no buscan realmente el bienestar de los menores, sino articular una cortina de humo mediática para tapar los graves escándalos de corrupción en los que el partido se encuentra metido a nivel nacional y regional que cercan de manera directa a sus principales dirigentes. Frente a esto, el Ejecutivo regional insiste en que su prioridad es la transparencia, el control del gasto público y la garantía de la legalidad.
