El impacto judicial provocado por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha hecho saltar por los aires la estabilidad orgánica e institucional en la provincia de Badajoz. Dos piezas clave del organigrama municipal y provincial, las concejalas Juana Cinta Calderón y Cristina Núñez, han formalizado de forma oficial la entrega de sus respectivas actas en los ayuntamientos de Olivenza y Talavera la Real. La renuncia colectiva llega tras la contundente resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz, que impone a ambas una condena de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público al considerarlas responsables de un delito de prevaricación administrativa.
El fallo judicial, fechado el 14 de julio, sentenció a un total de once procesados directamente vinculados al diseño, tramitación y concesión de la plaza directiva de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz creada en 2017. El dictamen de la sala impone idéntica pena inhabilitadora de nueve años a los principales acusados, incluidos el propio David Sánchez y el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, desatando una oleada de repercusiones que ha forzado las primeras salidas institucionales en los consistorios pacenses.
El perfil profesional y la situación administrativa de las dimisionarias
La salida forzada de ambas representantes pone el foco sobre su trayectoria profesional previa y su futuro laboral tras la sanción penal. En el plano técnico y profesional, las dos acusadas presentan situaciones diferenciadas frente al empleo público:
- Juana Cinta Calderón: Funcionaria de carrera perteneciente a la escala de la administración local, con una dilatada trayectoria profesional en la gestión pública y técnica de recursos humanos. Con anterioridad a su paso por la política municipal, desempeñó responsabilidades como técnica de gestión y directora de Recursos Humanos en la Diputación de Badajoz, puesto desde el que tramitó el expediente administrativo de la plaza asignada en 2017. En la actualidad ocupaba el cargo funcionarial de directora de Cooperación Municipal en el mismo organismo pacense.
- Cristina Núñez: Docente de profesión con trayectoria en la enseñanza pública no universitaria, con experiencia laboral centrada en el ámbito educativo antes de asumir dedicaciones institucionales completas. Dentro del organigrama de la corporación provincial, ejerció la responsabilidad política como diputada delegada del área de Cultura durante los ejercicios 2016 y 2017, periodo durante el cual se materializó la creación del puesto asignado al hermano del jefe del Ejecutivo.
En cuanto a la ejecución de la condena, la inhabilitación especial dictada no conlleva la expulsión inmediata de sus respectivas plazas públicas profesionales. En el caso específico de Juana Cinta Calderón, mantendrá su puesto técnico en la corporación provincial mientras la sentencia no adquiera total firmeza jurídica en instancias superiores, lo que impide su separación definitiva del cuerpo de funcionarios por ahora.
Olivenza: renuncia voluntaria para frenar el desgaste mediático
Apenas veinticuatro horas después de comunicarse la sentencia, el 15 de julio, Juana Cinta Calderón presentó formalmente el registro de su renuncia al escaño en el Ayuntamiento de Olivenza. El trámite fue ratificado en la sesión plenaria ordinaria del municipio el 28 de julio.
Fuentes próximas a la exedil recalcan que el paso a un lado respondió a un proceso de reflexión previo, acelerado por la gravedad de la resolución judicial. Según allegados a su entorno, la permanencia en el consistorio resultaba inviable para la gestión del municipio y amenazaba con convertir a la localidad en el epicentro del debate procesal:
«Cuando uno se dedica a ser concejal tiene que dedicarse al 100% y, dadas sus circunstancias legales, continuar en el cargo resultaba muy complicado. Quedarse podía ser egoísta e injusto al desviar la atención del buen trabajo del municipio».
El alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, avaló públicamente el paso adoptado por su compañera de formación, agradeciendo la rapidez de la medida para desactivar el coste político sobre la administración local.
Talavera la Real: salida sin consignas del partido
Un procedimiento similar se llevó a cabo de forma paralela en el Ayuntamiento de Talavera la Real, donde el pleno ordinario del 29 de julio asumió la renuncia de Cristina Núñez. La extitular de Cultura en la institución provincial durante el proceso selectivo de 2017 definió su abandono como un acto «consciente y consecuente» con el procedimiento que afronta.
Pese a las especulaciones de directrices orgánicas internas, portavoces de su círculo inmediato sostienen que la exedil no recibió instrucción alguna de la dirección socialista ni presiones de sus compañeros de filas para dejar la corporación municipal. La dimisión se formalizó con la convicción de agotar los recursos en los tribunales a la espera de un veredicto definitivo.
La fractura institucional: dos condenados mantienen sus cargos
Con la salida de Juana Cinta Calderón y Cristina Núñez, el mapa institucional queda marcado por una evidente asimetría procesal: de los once condenados, dos representantes públicos continúan aferrados a sus puestos ejecutivos:
- Francisco Martos: Regidor municipal de Castuera y diputado provincial del área de Cultura en 2022, implicado en la causa por autorizar la conversión de la plaza originaria en la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.
- Ricardo Cabezas: Diputado de Cultura, Deporte y Juventud en la Diputación de Badajoz, edil en el consistorio pacense y exsecretario general de la agrupación local hasta mayo de 2025, además de vicepresidente primero provincial entre 2019 y 2023.
La permanencia de Ricardo Cabezas desató la confrontación en el pleno municipal de Badajoz mediante una moción promovida por el PP, que contó con el respaldo de Vox y de un edil no adscrito para exigir su salida inmediata. Durante el debate parlamentario, el afectado declinó participar, delegando la defensa en la portavoz municipal Silvia González, quien remarcó que el fallo carece de firmeza y que acudir a instancias judiciales superiores constituye un derecho garantizado por la legislación.
Por su parte, los siete condenados restantes en la trama administrativa —entre los que figuran David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, Elisa Moriano, Manuel Candalija, Félix González, Luis María Carrero y Emilia Parejo— se encuentran en la actualidad totalmente apartados de puestos institucionales. En el caso de Miguel Ángel Gallardo, su dimisión del acta parlamentaria en la Asamblea de Extremadura tras las elecciones autonómicas consumó su alejamiento definitivo de la primera línea ejecutiva.