En Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida, tres pueblos de la provincia de Badajoz que ninguna guía turística ha puesto nunca en el mapa, se extiende sobre más de mil hectáreas la mayor planta fotovoltaica de Europa. Se llama Núñez de Balboa, tiene 500 megavatios de potencia y 1,43 millones de paneles solares, y desde 2020 vierte a la red suficiente electricidad limpia como para abastecer a 250.000 hogares. Es, a escala de un solo parque solar, el resumen exacto de lo que le pasa a Extremadura entera: produce muchísimo, en un rincón que apenas nadie visita, para que la factura y el beneficio se contabilicen a cientos de kilómetros de allí.
Texas lleva medio siglo demostrando al mundo que la agilidad administrativa y el suelo barato atraen inversión industrial masiva. Esa doctrina convirtió un territorio dependiente del petróleo en una potencia diversificada capaz de disputarle peso económico a Virginia, Georgia o Carolina del Norte. Pero el propio estado norteamericano ha empezado a chocar con los límites de su generosidad: la avalancha de centros de datos para inteligencia artificial está tensionando su red eléctrica, encareciendo la factura doméstica y obligando a sus autoridades a preguntarse si regalar megavatios sin condiciones compensa a largo plazo. Extremadura no está en ese punto todavía —aquí no hay centros de datos devorando gigavatios—, pero arrastra ya la primera mitad del mismo problema: cede su territorio y su sol a cambio de una contrapartida que no termina de materializarse en la región.
Los números, estos sí verificables, dibujan una región que produce muy por encima de lo que gasta. Extremadura genera más de cuatro veces la electricidad que consume internamente y exporta en torno al 76% de lo que produce hacia el resto del país, según los balances eléctricos regionales. Con apenas el 1,9% de la demanda eléctrica nacional, aporta alrededor del 8% de la producción de toda España. Solo en fotovoltaica, la región concentra más de 8.500 megavatios de potencia instalada —cerca de un 20% del total nacional— y generó en 2025 más de 10.700 gigavatios hora de energía solar, una cifra que la sitúa, junto a Andalucía y Castilla-La Mancha, en la cabeza absoluta del país.
El problema no es la generación, sino el destino del dinero que esa generación produce. Buena parte de las grandes plantas que salpican el mapa extremeño pertenecen a compañías cuyo domicilio fiscal está fuera de la región: Núñez de Balboa es de Iberdrola, con sede social en Bilbao y domicilio fiscal, para buena parte de su negocio, en Madrid. El impuesto sobre sociedades y buena parte del IVA generado por la actividad se liquidan allí donde está la sede, no donde están los paneles. Extremadura pone las hectáreas de dehesa, la exposición solar y la tolerancia administrativa; la recaudación se queda, en su mayoría, en otro código postal.
Ese desequilibrio es exactamente el que Texas empezó a corregir hace años, y por el que ahora se pregunta si llegó tarde: condicionar el acceso a la red de alta tensión a que el inversor deje algo permanente en el territorio, no solo la instalación que genera el megavatio. En el caso extremeño, la vía pasaría por exigir a cambio de la evacuación de electricidad plantas de ensamblaje, fabricación de componentes o, al menos, un canon compensatorio por generación que hoy no existe en el marco de financiación autonómica. Nada de esto frena la inversión —Texas es la prueba de que no hace falta frenarla para negociar mejor—, simplemente deja de regalarla.
QUE EXTREMADURA SEA LA DEHESA SOLAR DE ESPAÑA no lo decidió ningún extremeño en una urna, lo decidió un mapa de radiación solar y la conveniencia de quien tenía que elegir dónde clavar los paneles. La región cede el terreno, aguanta la obra, ve pasar los camiones durante un año de construcción y luego se queda con una plantilla de mantenimiento que en las plantas más grandes rara vez pasa de la treintena de personas. Mientras tanto, cientos de kilómetros al norte, alguien liquida el impuesto de sociedades de un negocio que nació, literalmente, del sol que cae sobre Badajoz. Se entiende que a nadie en Bilbao o en Madrid le urja cambiar un reparto que le sale tan a cuenta; lo que ya cuesta más de entender es que en Extremadura se siga celebrando cada nueva planta como una victoria, cuando en el mejor de los casos es un empate técnico y en el peor, una cesión gratuita disfrazada de progreso verde. El sol no manda factura, pero alguien debería empezar a mandársela a quien sí cobra por él.
Redacción. A 4 de septiembre de 2026.